La “limpieza” anunciada por el presidente Recep Tayyip Erdogan la misma noche del fallido intento del golpe de Estado no ha quedado circunscrita a las fuerzas de seguridad. A medida que avanzan los días se extiende a todos los departamentos de la Administración pública en unos hechos que, si tienen algún precedente, sólo pueden ser las purgas desatadas tras el golpe, este sí exitoso, que dieron los militares en 1980. El objetivo es extirpar de la vida pública a todo funcionario o empleado sospechoso de estar relacionado con la comunidad de Fethullah Gülen, a la que se acusa de estar tras la sublevación militar.


Si hasta el lunes más de 13.000 empleados de los departamentos de Justicia, Interior y Finanzas habían sido suspendidos, este martes tocó el turno a cerca de otros 40.000, la mayoría ligados al Ministerio de Educación, aunque también fueron cesados e investigados 100 funcionarios de los servicios secretos –por haber formado supuestamente “células durmientes”-, 257 de la oficina del primer ministro, 393 del Ministerio de Familia y Políticas Sociales y 492 de la Dirección de Asuntos religiosos.

“(El intento de golpe de estado) ha mostrado que debemos luchar de forma decidida contra todas las personas y organismos ligados a la organización terrorista y expurgar sus actividades de las instituciones. El Ministerio de Educación Nacional está trabajando (para descubrir) a todos los empleados públicos que se mantienen en comunicación con la organización FETÖ (como se denomina al grupo de Gülen) en las escuelas y en los centros de educación privados y en todos los organismos”, explicó el Ministerio en un comunicado en el que anunció la “suspensión” de 15.200 funcionarios y el inicio de una investigación sobre sus actividades. Además, la agencia Reuters citó a un responsable de dicha institución que anunció la revocación de la licencia de 21.000 profesores del Estado que ejercen en instituciones privadas.



Los kurdos rechazan el golpe pero cargan contra el Gobierno
La infiltración de los gülenistas en las instituciones del Estado desde la década de 1980 es un hecho, especialmente en el sistema educativo, que han utilizado para captar miembros para su comunidad. “Debéis moveos por las arterias del sistema, sin que nadie note vuestra existencia, hasta alcanzar los centros de poder”, esta frase, atribuida al clérigo Fethullah Gülen, le supuso precisamente la apertura de un proceso judicial en 1999 poco después de que se exiliase en Estados Unidos. Turquía ya ha pedido a ese país que acelere su extradición.

“Aunque no tenemos la lista completa de nombres, el 80 ó 90 % de los afectados son gülenistas, el resto gente que simplemente es crítica con el Gobierno”, aseguró a este diario Yildirim Kaya, miembro fundador del sindicato de maestros Egitim-Sen y dirigente del partido socialdemócrata CHP: “Está claro que saben a por quién van, porque son ellos mismos (el Gobierno del AKP) quienes los pusieron allí”. Según Kaya, en la última década los afiliados a sindicatos contrarios al Ejecutivo han sido apartados de la práctica totalidad de sus cargos –desde la dirección de escuelas a la de departamentos del Ministerio- que han sido copados por los afiliados al sindicato Egitim Bir-Sen, creado por simpatizantes del AKP y gülenistas. “Hasta hace un par de años se llevaban perfectamente bien y actuaban juntos”.

Además, el Consejo de la Educación Superior (YÖK) ha pedido a los 1.577 decanos de todas las facultades de universidades públicas y dependientes de fundaciones que dejen su cargo. Hasta el momento, unos 60 han presentado la dimisión. El presidente del YÖK, Yekta Saraç, dijo este lunes que “en las universidades no debe quedar un solo académico o directivo” relacionado con la comunidad de Gülen: “Hay que limpiar la comunidad educativa de esta organización terrorista”.

El Gobierno turco llevaba ya tiempo intentando reducir la influencia de los gülenistas en la educación y antes del golpe había ordenado intervenir 17 universidades privadas ligadas a este movimiento. Pero al mismo tiempo, la comunidad educativa estaba en pie de guerra por la continua persecución de académicos críticos con los islamistas turcos y el intento de colocar a rectores afines a Erdogan al frente de todas las universidades públicas.

Varias organizaciones de derechos humanos han criticado las purgas desatadas tras el fracaso del golpe de estado. El director de Aministía Internacional para Europa, John Dalhuisen, ha considerado “alarmante” el elevado número de detenciones y ceses de funcionarios de sus puestos. “Toda medida que utilice el golpe de estado como pretexto para silenciar a voces críticas y minar la independencia de las instituciones del Estado, los medios y la sociedad civil debería ser condenada”, declaró por su parte el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Karim Lahidji.

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