El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el martes presentó el Gobierno central, esconde entre sus miles y miles de páginas algunos apartados tremendamente importantes para Euskadi. Véase, por ejemplo, los 509 millones de inversión prevista para este año en la comunidad autónoma, casi un 32% más. Uno de ellos es el que, dentro de las cuentas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital -en concreto, en el apartado de gastos mediante transferencias a entidades del Sector Público-, consigna en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para «compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b».

Dicho en plata, para llevar a término el acuerdo que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco sellaron en mayo del año pasado (en el marco de la negociación presupuestaria de 2017) y que atendía una reclamación histórica de Euskadi: la rebaja de los peajes eléctricos de buena parte de la industria de la comunidad autónoma.

Aquella entente pasó después a dormir una suerte de sueño de los justos y, mientras desde Euskadi se reclamaba el cumplimiento inmediato, el ministro Álvaro Nadal recordaba que el ajuste debía consignarse en unas cuentas anuales del Estado. Un tira y afloja que pervive incluso hoy. Toda vez que los Presupuestos de 2017 -que el PNV apoyó- no incluyeron aquella promesa, la reserva de esos 40 millones en el proyecto de los de 2018 suponen la puesta negro sobre blanco del compromiso del Gobierno. Pero claro, no todo es tan sencillo, pues los jeltzales no quieren ni oír hablar de negociación presupuestaria mientras esté vivo el artículo 155 de la Constitución y Cataluña siga siendo una patata caliente.

Sea como fuera, fuentes del gabinete de Nadal explicaron ayer a DV que «siempre se dijo que la eliminación del peaje 6.1.b, que no solo beneficia a industrias del País Vasco, debería de hacerse en Presupuestos; si no se pudo introducir en los del año pasado, tendrá que aprobarse en los de éste». De nuevo, la traducción de ese particular lenguaje Madrid-Vitoria vendría a ser: «O el PNV apoya las cuentas del Gobierno o esos 40 millones volarían».

El asunto no es baladí para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que siempre ha tomado la desventaja de la industria vasca en términos de costes energéticos respecto a sus competidores como un asunto de país. Pero, claro, la discrepancia sobre si se ha de dar el visto bueno a las cuentas de Montoro o no surge cada vez que se trata este espinoso asunto.

La postura 'oficial', trasladada recientemente por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, es que el Ejecutivo de Rajoy «tiene instrumentos suficientes para cumplir el acuerdo sobre tarifas eléctricas». «Es un asunto de voluntad política y las excusas no nos sirven», ha defendido siempre la responsable de la política industrial vasca.

«En momentos de prórroga presupuestaria (lo que sucede cuando el Gobierno de turno no logra sacar adelante sus cuentas) también hay maneras de hacerlo; así que el acuerdo ha de cumplirse sí o sí», defiende la consejera.

La cuestión de los peajes ha resultado siempre un quebradero de cabeza. El Gobierno del PP ya rebajó de facto la factura para las empresas vascas en 2015 al congelar los peajes y desdoblar la tarifa 6.1 en la 6.1.a (para clientes con tensiones de entre 1 y 30 kV) y 6.1.b. (entre 30 y 36 kV). Esta última -mayoritaria entre las industrias vascas, debido a la distribución histórica del tendido- logró un cierto abaratamiento para Euskadi, que se cifró en 50 de los 100 millones en que las firmas locales cifraban su sobrecoste.

El acuerdo PP-PNV consistía, básicamente, en eliminar la 6.1.b para pasar a sus clientes a la 6.2, de nuevo más barata. Y ahí siguen las espadas; en todo lo alto. Si todo sale bien para industria vasca, esos 40 millones que Energía deja en la caja de la CNMC -y que equivalen al eventual ahorro de las industrias de Euskadi- irán a parar a las compañías distribuidoras y transportistas de la electricidad, que dejarían de recibir de sus clientes esa cantidad.

Amenaza catalana

Por si la cuestión fuera ya poco incómoda para el PNV, otro condicionante, y de nuevo ligado a Cataluña, complica este asunto. Y es que cuando los jeltzales y los populares sellaron su acuerdo, las empresas catalanas -históricamente 'enchufadas' a una tarifa aún más cara que la 6.1- se levantaron en armas. Es más, algunas patronales y el propio Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán) denunciaron el pacto ante Bruselas.

Ayer, el departamento de Nadal reconocía a este diario que aunque ese recurso ante las autoridades comunitarias de Competencia «no paralizaría» la cuestión, «sí puede complicarla al poner en ella el foco».

Eldiario vasco.es

Etiquetas: