El juez que investiga el caso Taula, el magistrado Víctor Gómez, ha intervenido la cuenta que tenía abierta el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, el magistrado firmó el auto de decomiso el pasado viernes a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar las anotaciones de Mari Carmen García Fuster, la secretaria del grupo municipal detenida en el marco de la Operación Taula, que la Guardia Civil encontró en su despacho.

El ministerio fiscal sospecha que el PP de Valencia pudo cometer varios delitos electorales en las últimas campañas de Rita Barberá. Según esta información, la cuenta intervenida, de forma cautelar, estaba abierta en el banco Sabadell y la investigación apunta a que los movimientos bancarios no pasaron por ningún órgano supervisor.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos, entre 2003 y 2014, para morder de adjudicaciones de la Diputación, la Generalitat y varios ayuntamientos, como el de Xàtiva o Valencia. La investigación apunta a que la organización se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público amañado, la cantidad variaría en función del cargo que pedía la comisión y su responsabilidad dentro del entramado. El rastro del dinero ha llevado a países como Brasil o Panamá.Una parte de ese dinero también habría servido para financiar al partido, sobre todo los fondos procedentes de constructoras como Cleop. Anticorrupción abrió diligencias tras la denuncia que presentó la diputada de EUPV, Rosa Pérez, junto a las 10 horas de grabaciones de Marcos Benavent.

En el transcurso de las diligencias los agentes tuvieron conocimiento de un caso muy concreto que apunta a que medio centenar de miembros del grupo municipal aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la última campaña de la ex alcaldesa. Las donaciones personales, legales, se habrían retornado en `B`, en forma de dos billetes de 500 euros que se tenían que blanquear sin levantar sospechas.

Hasta el momento las diligencias se ceñían únicamente al presunto delito de blanqueo de capitales pero se ampliarán a un posible delito electoral para conocer el origen de las donaciones al PP municipal e identificar a los donantes.

La denuncia que presentó Compromís por estos hechos gira en torno a la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, modificada por la 9/2007 de 8 octubre y por la 2/2011 de 28 de enero, que configura el marco jurídico básico, que establece la obligatoriedad para los partidos de presentar «al Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales» para recibir subvenciones.

Pendientes del Tribunal Supremo

El juez Gómez ya ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora. De esta manera, el juez pidió que se le dé el mismo trato que al resto de los 47 personas imputadas en la causa, sin privilegios por su aforamiento. El magistrado consideró que sería "incoherente" no elevar la exposición, pues Rita Barberá realizó el mismo donativo por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, ex concejales, asesores y ex asesores del PP que dijeron sí al presunto blanqueo de hasta 50.000 euros de origen desconocido.

Etiquetas: