Las organizaciones que están detrás de este procedimiento son Guelaya-Ecologistas en Acción, Prodein, la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla y el partido ecologista y progresista Equo.
Estos colectivos ya presentaron una demanda en el año 2014 por el mismo suceso ante el juzgado de Instrucción número 5 de Melilla.
En ese proceso fueron imputados el delegado de Gobierno, Adbelmalik El Barkani, y el segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Arturo Ortega, aunque el caso fue sobreseído unos meses después.
Los demandantes consideran que las devoluciones fueron "en caliente", es decir, los inmigrantes fueron devueltos al país del que venían sin poder acceder a la Oficina de Asilo de la frontera.
Esa forma de proceder ha sido declarada ilegal y es considerada una violación contra los derechos humanos por varios organismos internacionales al vulnerar el derecho de asilo.
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