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La medida está concebida para evitar por todos los medios que el gasto suba. Durante la crisis, Hacienda solía adelantar a octubre o noviembre el cierre de los presupuestos con tal de alcanzar la meta de déficit. De esta forma, se gastaba lo mínimo considerado esencial y recogido en la ley. Pero de ningún modo se podía aprobar un nuevo desembolso, y en muchos casos simplemente se ejecutaba la rúbrica, pero la factura y el consiguiente pago se remitía al siguiente año. Es decir, se producía un trasvase de déficit de un ejercicio al próximo.
Pero esta vez se pretende que el cierre presupuestario se haga en julio. Lo que implica que la Administración central dejará de abonar muchos pagos y cancelará numerosas operaciones y licitaciones. Se trata de una iniciativa bastante drástica. "Es el paro de la Administración central a mitad de año", comenta una fuente.
El Ejecutivo también destaca el recorte aprobado en abril en el gasto de los ministerios por valor de 2.000 millones --a través de un acuerdo de no disponibilidad de gasto-- y cuyo grueso se destinará al mantenimiento de carreteras. E incide en que se han puesto en marcha los mecanismos para contener los desembolsos de las comunidades autónomas. Obviando que el desfase presupuestario repuntó hasta mayo, sostiene que estas medidas ya están surtiendo efecto, que en este periodo el déficit de las autonomías ha caído un 30% y que el gasto público sin contar municipios sólo ha aumentado un 1%.
Por otra parte, el Gobierno enumera las razones que justifican el incumplimiento. Y entre ellas menciona la reforma fiscal, destinada según el Ejecutivo a redistribuir las rentas y rebajar la tributación sobre el trabajo. Cita también las tarifas planas de la Seguridad Social que en su opinión han servido para fomentar la creación de empleo, si bien admiten que han erosionado la recaudación del sistema de previsión.
Además, insiste en que la baja inflación ha restado mucha recaudación y que ha impedido que la congelación de gastos como los salarios de los funcionarios haya sido realmente efectiva. "La caída de los precios del petróleo ha sido completamente aprovechada por los empleados públicos, sin que haya habido una mejora correspondiente el déficit fiscal", sostiene el papel enviado a la Comisión.
El Ejecutivo español discute que el esfuerzo estructural ha sido bastante mayor de lo que calcula la Comisión. Es más, recuerda que se ha reducido casi a la mitad y dice que cuatro puntos de PIB de rebaja de déficit han sido estructurales. O sea, prácticamente el equivalente a todo lo que se ha bajado el déficit desde el 9,6% hasta el entorno del 5,1% del PIB.
Tras enumerar todas y cada una de las medidas adoptadas en la legislatura, el Gabinete de Rajoy argumenta que España ha sido uno de los Estados miembro más comprometidos con las reformas tal y como atestigua la propia Comisión al reconocer que es el país que más se ha ceñido a las recomendaciones europeas. Y hace hincapié en que ese grado de cumplimiento con las reformas se ha traducido en que la economía española crezca ahora el doble que la media de la zona euro. No sería justo multar a España por incumplir un solo año, sería contraproducente e iría contra el espíritu de lo que se quiere conseguir, concluye el documento remitido a Bruselas.
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