Ada Colau no tiene intención alguna de contribuir a la expansión de la Hacienda catalana, una herramienta caudal para sentar las bases de la eventual Cataluña independiente. El Gobierno de Barcelona firmó en enero de 2015, bajo el mandato de Xavier Trias, un convenio para adherir el Ayuntamiento al fisco catalán, pero su desarrollo ha quedado totalmente congelado tras el relevo en la Alcaldía.

El Ejecutivo municipal asegura que «no está sobre la mesa» intensificar su vinculación con la Agencia Tributaria Catalana. Así lo confirmó el número dos de Ada Colau, Gerardo Pisarello, después de que el PP le preguntara en la última comisión de Economía, celebrada el 19 de abril, si el Consistorio tenía previsto ingresar el IRPF de los empleados municipales en la Hacienda catalana, como planea hacer la Diputación de Barcelona, un ente gobernado por Convergència y ERC.

Pisarello es el cerebro económico del Gabinete de Colau, además de un independentista declarado, pero eso no le impidió descartar que el Consistorio contemple entregar a la Hacienda catalana el impuesto asociado a la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento. «Lo único que nos preocupa es defender la soberanía fiscal municipal», remachó el primer teniente de alcalde para decepción de ERC que, además de controlar el fisco catalán desde que Oriol Junqueras es vicepresidente del Govern, mantiene una estrecha colaboración con Colau: le ha prometido su apoyo para aprobar los presupuestos de 2016 y estudia un pacto de gobernabilidad para mitigar la minoría de Barcelona en Comú (BComú).

De este modo, la relación del Ayuntamiento de Barcelona y la Hacienda catalana continuará circunscrita al mero intercambio de datos fiscales de sus contribuyentes y a la integración de dos oficinas municipales en la red del fisco catalán, para que los impuestos autonómicos también puedan pagarse a través de sus ventanillas.

Girona entregó 950 contribuyentes al fisco catalán en septiembre de 2015

El portazo de Colau a Junqueras tiene consecuencias relevantes, ya que el Ayuntamiento podría haber aportado más de 12.000 contribuyentes a la Hacienda catalana, porque ése es el número de trabajadores del Consistorio y sus organismos públicos asociados.

El empujón hubiera resultado un balón de oxígeno para un organismo, que sólo ha conseguido convencer a 178 ciudadanos para que confíen en ella para hacer sus declaraciones de la renta.El fisco catalán ha tenido algo más de éxito con las Administraciones públicas: un total de 104 ayuntamientos ingresan en la Hacienda de la Generalitat en lugar de hacerlo en la estatal, pero la mayoría de ellos son de pequeñas dimensiones.El mayor es Girona, que en septiembre de 2015 comenzó a ingresar el IRPF de sus 950 trabajadores al fisco catalán, según confirmaron a EL MUNDO fuentes del Consistorio.

104 pequeñas administraciones tributan a la Hacienda del Govern

Ahora, la Hacienda catalana espera que la Diputación de Barcelona ejecute la entrega del IRPF de sus 5.000 empleados. Tal y como reveló este diario en marzo, el ente supramunicipal pretende tener lista entre mayo y junio la fórmula «legal» para «dar el paso». La Diputación sostiene que «no se pondrá en peligro a sus trabajadores», pero el Ministerio de Hacienda ya advirtió de que si el fisco catalán no le transfiere «en tiempo y forma» los impuestos de los trabajadores del ente provincial, serán los empleados los que se enfrentarán a sufrir sanciones.

Esa circunstancia fue la que llevó al sindicato de funcionarios CSIF a elaborar un formulario para que los empleados de la Diputación puedan dejar constancia escrita de que quieren continuar tributando a la Hacienda española. Y el mismo motivo llevó al concejal del PP en Barcelona, Javier Mulleras, a preocuparse por los planes del Gobierno de Barcelona y avisarle de que imitar a la Diputación podría tener «repercusiones legales» para los funcionarios del Consistorio. Pero el Ejecutivo de Colau no está dispuesto a asumir riesgos ni a abrir un frente con sus empleados para contentar al Govern.

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