"Es una buena noticia para la Justicia y para los españoles de bien que respetan la ley y a quienes les sonroja cómo otros se la saltan alegremente", dijo Santamaría en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto informativo en Madrid.
El Tribunal Constitucional (TC) de España decidió el 27 de enero por unanimidad suspender la investidura de Puigdemont en el supuesto de que este no se presente físicamente en el Parlamento catalán.
El TC considera que, como diputado electo, el dirigente independentista tiene derecho a ser elegido presidente si acude a la cámara, y en consecuencia no reconocen la posibilidad de una investidura telemática.
Puigdemont se encuentra actualmente en Bélgica, país al que huyó en noviembre después de que los tribunales españoles abrieran una investigación en su contra por alentar un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
El líder independentista está en busca y captura en territorio nacional por la supuesta comisión de, entre otros, delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.
Pese a su complicada situación legal, Carles Puigdemont fue nombrado por el presidente del Parlamento de Cataluña como candidato a ser investido jefe del Ejecutivo catalán.
Puigdemont cuenta con el apoyo de la mayoría independentista de la cámara, aunque la viabilidad de su candidatura es una incógnita, sobre todo tras el pronunciamiento del TC contra una investidura telemática o delegada.
Preguntada por una eventual vuelta de Puigdemont a territorio español para participar en el debate de investidura, Sáenz de Santamaría afirmó que "el camino que debe seguir" el líder independentista es "el del Tribunal Supremo".
En opinión de la vicepresidenta española, el pronunciamiento del TC, además de rechazar cualquier vía delegada o telemática, establece que Puigdemont deberá ponerse a disposición de la justicia antes de acudir al Parlamento de Cataluña.
La vicepresidenta recordó que, sea cual sea la estrategia elegida por el líder independentista, el Gobierno central se mantendrá vigilante e "irá recurriendo todo lo que se vaya produciendo" para garantizar el cumplimiento de la ley.
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