De esta manera, la jueza intenta esclarecer si se ofreció algún tipo de protección especial a políticos independentistas en los días previos a la celebración del referéndum, en los que la Guardia Civil desplegó varias operaciones para paralizar los aspectos logísticos del mismo.
Para esclarecer lo sucedido, la jueza solicitó a los Mossos el plan operativo que rigió su actuación de esos días y, además, pidió a diferentes representantes de la Fiscalía a nivel autonómico y provincial presentar todos los informes disponibles al respecto.
La jueza Carmen Lamela instruye una causa en la que se investiga la actuación de la policía autonómica catalana en las fechas previas y durante el transcurso del referéndum catalán del 1 de octubre.
Dicho referéndum había sido declarado ilegal por los estamentos judiciales, por lo que los cuerpos de seguridad tenían la orden de retirar el material electoral e impedirlo.
Pese a ello, en ese referéndum —convocado de forma unilateral por el Gobierno catalán— participaron 2,2 millones de personas (el 43% del censo) de las que un 90% se mostró a favor de la independencia de Cataluña.
La investigación de la Audiencia Nacional se centra contra el ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana por un posible delito de sedición.
La instrucción de la causa contra estos cargos policiales se realiza de forma paralela a la causa en la que el Tribunal Supremo investiga a más de una veintena de cargos como responsables políticos del proceso independentista catalán.
Sputnik
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