Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tendrá que abonar 6,6 millones de euros por tráfico de influencias.
CDC se disolvió el 8 de julio de 2016 y se refundó como Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PdeCAT), que constituye la principal fuerza de la coalición Junts per Catalunya (JxCat), a la que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.
El principal acusado del Caso Palau, Fèlix Millet, ha sido condenado a nueve años y ocho meses de prisión.
Millet fue responsable de un delito de desfalco como presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.
Según su propia confesión, Millet hasta 3,3 millones de euros de fondos de la Fundación a sus cuentas y patrimonio personal para pagar viajes turísticos o reformas en sus propiedades inmobiliarias.
La denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra Millet y tres responsables y directivos del Palau de la Música por apropiación indebida y falsedad se remonta a 2009.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha sido uno de los primeros partidos catalanes en reaccionar a la sentencia.
En su cuenta de Twitter, la formación de la izquierda independentista radical ha escrito: "La corrupción no es del sistema, la corrupción es el sistema".
El diputado electo Xavier Domènech, de Catalunya En Comú Podem, ha declarado que Cataluña "necesita un acuerdo nacional para construir una Cataluña libre de corrupción".
"Saqueo sistemático y organizado por parte del partido que ha gobernado más tiempo nuestro país, hará falta mucho más que un cambio de siglas", ha asegurado Elisenda Alamany, diputada electa de ese mismo partido, desde su cuenta de Twitter.
El caso ha tenido un considerable impacto en la sociedad catalana por la importancia simbólica del Palau de la Música para el catalanismo, así como por sus ramificaciones políticas, ya que el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, se encuentra entre los imputados.
Los tribunales han impuesto a Osàcar una multa de 3.796.555,40 euros.
A través del Palau de la Música CDC habría sido receptora del pago de comisiones de la empresa Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas como la inconclusa línea 9 del metro de Barcelona o la Ciudad de la Justicia.
CDC y Osàcar han anunciado ya que recurrirán la sentencia.
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