La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética se ha salvado, solo en parte, de ser recurrida por el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy. La norma está compuesta por dos grandes apartados temáticos y la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado esta mañana que no pedirá la suspensión de ningún artículo referente a los mecanismos para ayudar a las familias que no pueden hace frente a los recibos de agua, luz y gas. El Ejecutivo, sin embargo, sí llevará ante el Tribunal Constitucional algunos aspectos del otro apartado, por ejemplo, el procedimiento de mediación hipotecaria o la obligación de ofrecer alquiler social.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la decisión se deriva de un informe del Consejo de Estado, que ha determinado que la ley se ajusta parcialmente a la Constitución. La portavoz ha querido dejar claro que detrás de la decisión no hay ninguna motivación política y que el recurso se limita a un conflicto competencial y su base es exclusivamente jurídica. El Gobierno ha solicitado la suspensión cautelar de todos los artículos por considerar que violan abiertamente sus competencias.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la decisión: "No es que solo afecte a la vivienda, es que no se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa en donde vivir. No han abierto la puerta a medias, sino que para mí la han cerrado del todo". El líder catalán, de visita en Vilafranca del Penedés, ha asegurado que el Gobierno en funciones "no ha dado un portazo" a la Generalitat sino a "las familias catalanas que más lo necesitan".

El Gobierno ve que hay inconstitucionalidad en cuatro artículos y una disposición adicional y que la portavoz ha descrito como de "carácter procesal". En el caso del procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, por ejemplo, el Gobierno considera que va contra la legislación concursal estatal. Lo mismo, ha argumentado la portavoz, sucede con el requisito previo a una demanda judicial, que rompería la unidad en las leyes procesales. "No es posible tener legislaciones asimétricas y que haya unos derechos o no dependiendo del territorio donde estén los bienes. Hay que garantizar la igualdad de los españoles", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

La ley en cuestión, la 24/2015, surgió a raíz de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y fue aprobada el verano pasado. En la votación en el Parlament, el PP solo se abstuvo en dos puntos relativos al apartado de desahucios. Ambas entidades habían comenzado una gran campaña en apoyo popular a la norma que ya ha evitado varios cortes de suministros y ha garantizado una vivienda a familias que han sido desahuciadas. El futuro de la norma era uno de los temas que había centrado las reuniones entre los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

El Consejo de Ministros también llevará otra ley ante el Alto Tribunal. Se trata de la 19/2`15, que modificaba el libro quinto del Código Civil catalán para incorporar la propiedad temporal y de la propiedad compartida. El Gobierno ya había recurrido normas similares promovidas por otras Comunidades Autónomas.

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