El 10 de enero, Lulwa al Jater, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, confirmó que Doha inició el proceso de apelación a la Corte Internacional de Justicia. La declaración se realizó en el contexto del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se documentaron todas las violaciones cometidas por los países que llevan a cabo el bloqueo. El informe indica, por ejemplo, que las medidas impuestas contra Catar no son tensiones diplomáticas, sino guerras económicas.

Para Abdel Jaliq Abdalá, politólogo emiratí, al imponer el bloqueo contra Catar, esos países "ejercieron su derecho legal y no violaron ninguna ley o estatuto internacional".
"Catar nunca ganará este proceso, es una iniciativa fallida. El objetivo de la iniciativa es atraer la atención internacional (…) En realidad, esto no afectará el bloqueo impuesto de ninguna manera", destacó Abdalá.

Ali al Heil, profesor de ciencias políticas catarí, dijo a Sputnik que Doha no solo quiere levantar el bloqueo, sino también recibir una compensación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin por los daños sufridos por el pueblo catarí.

Al mismo tiempo, señaló que "Catar apela a la Corte Internacional de Justicia muy tarde, debería haberlo hecho en la primera semana. Esto se debe a que Doha hasta el final esperaba el éxito del trabajo de mediación de Kuwait".

Por su parte, Hasan Jony, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Lebanesa, dijo a Sputnik que el bloqueo impuesto a Catar "es una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU".

"Según la Carta, solo el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el derecho de imponer sanciones y bloqueo a un Estado", subrayó Jony.

El experto señaló que "las acciones de los cuatro Estados árabes no son un boicot, sino un asedio", esto es evidente al observar el daño causado a los residentes de Catar, concluyó Jony.Sputnik

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