Protesta contra la destitución del alcalde de Besiktas por parte del Gobierno central.
Protesta contra la destitución del alcalde de Besiktas por parte del Gobierno central. OZAN KOSE AFP
Tras derrotar la sublevación militar, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió limpiar la Administración pública de toda traza la cofradía de Fethullah Gülen, el clérigo al que apunta como autor de la confabulación golpista. Y, ya de paso, también de todos aquellos que simpatizasen con “organizaciones terroristas”, que en Turquía incluye a un espectro muy amplio de grupos, desde los kurdos a los izquierdistas. Más de 100.000 personas están siendo investigadas judicialmente, de las que 50.000 han sido detenidas. Y cerca de 150.000 empleados públicos han sido apartados de su empleo. Pero las purgas también se han cebado con los cargos electos.
Primero fueron a por las alcaldías vinculadas al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la principal formación pro-kurda del país y tercer mayor grupo parlamentario de la Asamblea turca. Hasta 94 localidades del sudeste kurdo del país han visto a sus primeros ediles depuestos por orden gubernamental bajo la acusación de cooperar con el grupo armado PKK. Todos ellos han sido sustituidos por interventores nombrados directamente por Ankara. Además, 93 alcaldes y unos 500 concejales han sido enviados a prisión.
Del resto de partidos apenas se alzaron voces criticando la medida, que ha supuesto privar de sus representantes a más de un millón y medio de electores. Pero desde el mes pasado parece haberle llegado el turno a la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Battal Ilgezdi, alcalde de Atasehir, un distrito en la orilla asiática de Estambul con más de 420.000 habitantes, fue destituido por orden ministerial a inicios de diciembre acusado de corrupción. El político se defendió alegando que anteriormente ya había sido exonerado por un tribunal de dichos cargos y el líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, tachó la decisión de “operación de venganza” pues en esos momentos la formación opositora había hecho públicos documentos que vinculan a parientes cercanos de Erdogan con cuentas en la isla de Man, un paraíso fiscal, y los medios de comunicación se centraban también en el caso Zarrab, juzgado en EE UU y que ha revelado que el Gobierno turco estaba implicado en un esquema para violar el embargo a Irán a cambio de sobornos millonarios.
Este jueves le ha tocado al Ayuntamiento de Besiktas, del que han sido expulsados su alcalde, Murat Hazinedar, así como dos miembros de la asamblea municipal, acusados de corrupción a la hora de conceder licencias comerciales, de uso indebido de propiedades públicas y de formar parte de la “organización terrorista” de Fethullah Gülen. “En las democracias, la confianza que deposita en ti el pueblo sólo te la puede arrebatar el pueblo”, se quejó Hazinedar, que fue elegido alcalde en 2014 con el apoyo del 76 % de los votantes.
El alcalde de Besiktas aseguró que todas las investigaciones hechas hasta ahora sobre su gestión, más de 180, se habían cerrado sin hallar pruebas de nada ilegal, si bien es cierto que algunos de sus compañeros de partido ya habían llamado la atención sobre posibles irregularidades en el Ayuntamiento. “Si el Ministerio de Interior toma una decisión así, es que algo hay. Lo mismo que ocurrió en Atasehir ocurre ahí [en Besiktas]. La información que nos llega a nosotros es muy diferente. Empresarios, ciudadanos, que se quejan de que les piden sobornos...”, arremetió Erdogan poco antes de partir en visita oficial a Francia. El propio mandatario turco ha ordenado en los últimos meses sustituir a seis alcaldes elegidos en las filas de su partido, incluidos los de grandes ciudades como Estambul, Ankara y Bursa, aunque en este caso se trata de cálculos electorales.
Tampoco los diputados se han librado de la persecución. Un parlamentario del CHP, Enis Berberoglu, fue condenado el año pasado a 25 años de cárcel por filtrar a la prensa un vídeo que demostraría el envío ilegal de armas turcas a los rebeldes sirios. Otros 8 diputados del HDP —incluido el copresidente del partido, Selahattin Demirtas— también están entre rejas y se enfrentan a numerosos juicios. En los últimos dos días se han conocido las sentencias de cuatro de ellos, por ejemplo del vicepresidente del grupo parlamentario, Idris Baluken, condenado a 16 años y 8 meses de cárcel por “propaganda terrorista” y “ser miembro de organización terrorista”. “Desde el punto de vista legal, todos estos juicios son una farsa”, denunció este viernes el HDP en un comunicado: “El plan está claro, revocar uno a uno los escaños del tercer mayor partido del Parlamento”.
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