Tuiteros y raperos a la cárcel en 2017
Cassandra. 2 años y 6 meses de cárcel.
El año empezó con el proceso de la tuitera Cassandra, para la que la fiscalía solicitó 2 años y 6 meses de cárcel, más 3 de libertad vigilada, por hacer parodias sobre el general franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, en una serie de tuits publicados desde noviembre de 2013 hasta enero de 2016. El auto del fiscal la acusaba de un "delito de humillación a las víctimas del terrorismo", previsto y penado en el Código Penal, y consideraba que sus tuits eran "graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo". Cassandra, con 21 años de edad, fue condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional.
César Strawberry. 1 año de cárcel.
También en enero fue condenado a un año de prisión y seis meses de inhabilitación absoluta el cantante César Strawberry. Su delito fue publicar seis tuits en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Carrero Blanco, y en los que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió que existía enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Valtonyc. 3 años y medio de cárcel.
Al mes siguiente, en febrero, la Audiencia Nacional impuso una pena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc, al considerar que el contenido de sus canciones incurría en los delitos de injurias a la Corona y de enaltecimiento del terrorismo. La PDLI consideró esa condena "un ataque muy grave a la libertad de expresión e inaceptable en un estado plural y democrático".
Colectivo 'La Insurgencia'. 2 años y un día de cárcel para sus 12 miembros.
En noviembre, otros doce raperos fueron condenados a 2 años y un día de cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante nueve años y una multa de 4.800 euros. Se trata de los doce miembros del colectivo La Insurgencia, que según la Audiencia Nacional cometieron delitos de enaltecimiento del terrorismo a través de las letras de sus canciones.
La sentencia destaca en ellas "continuadas alusiones que, desprovistas de cualquier otra consideración, entrañan abiertamente una loa a la organización terrorista GRAPO". Dicha organización terrorista, cuyo nombre es el acrónimo de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, desapareció hace más de una década.
En el siguiente video puede escucharse una canción con la que uno de los miembros de 'La Insurgencia' reacciona, a principios de 2017, a la apertura del proceso judicial en su contra.
La PDLI también se pronunció sobre la condena a estos doce raperos, y la describió como "un nuevo atropello a la libertad de expresión y una vulneración de este derecho fundamental, contrario a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
El récord de Marzo: siete juicios en un mes
Tal como denuncia la misma plataforma, en marzo de 2017 la Audiencia Nacional "fue motivo de alarma" por celebrar nada menos que siete juicios por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. De estos casos, para evitar condenas mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.
"Una anomalía democrática": las multas por la 'Ley Mordaza'
En 2017 la Policía española siguió multando a periodistas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley mordaza'.
El periodista Raúl Solís fue el primer periodista en ser sancionado por incumplimiento de esta ley. Ocurrió mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOir, que difundía mensajes contra la transexualidad de los niños. Se le multó con 150 euros por "poner en riesgo" la integridad de los agentes de la Policía Nacional, que aseguran en su informe que "el denunciado se salta el cordón policial, introduciéndose en la zona de seguridad acotada, pidiendo explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando la actuación de los mismos, y realizando grabaciones con su cámara".
Solís, que publicó un artículo con su versión de los hechos, se negó a abonar la multa, argumentando que "no podemos aceptar como normal lo que es una anomalía democrática, un retroceso en libertades".
Otro de los informadores multados en 2017 fue Mikel Sáenz de Buruaga, de la emisora vasca Hala Bedi. El 18 de mayo fue identificado por estar grabando con su teléfono móvil durante una actuación policial en la localidad de Vitoria. Mikel mostró su acreditación de prensa, pero fue sancionado igualmente. La PDLI también reaccionó en su momento:
Exactamente el mismo día, la periodista Cristina Fallarás también fue sancionada con una multa de 600 euros, cuando participaba en una concentración frente a la Embajada mexicana en Madrid, en protesta por los asesinatos de informadores en México.
Intentos de control político de la información
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información también ha expresado su preocupación por los intentos de control político de la información. Denuncian que el fenómeno de las llamadas 'noticias falsas' ha vuelto a la actualidad convertido en "excusa para un posible control político de los medios, tal como viene apuntando en sus sesiones la comisión mixta de seguridad nacional".
En un manifiesto firmado junto a diversos medios de comunicación y asociaciones profesionales y publicado el 13 de Diciembre de 2017, la PDLI rechazó de manera expresa "las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta".
David Romero
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