Desde que en Rusia se desató una oleada de avisos falsos de bomba a mediados de septiembre, casi 2,5 millones de personas fueron evacuadas de 3.500 locales en más de 180 ciudades.
La campaña del "terrorismo telefónico" causó un daño económico que se estima en miles de millones de rublos.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la mayoría de estas llamadas procedían de lugares en Siria ocupados por terroristas, así como de Turquía, Ucrania, EEUU y Canadá.
El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó a finales de 2017 una ley que prevé hasta 10 años de cárcel por falsos avisos de bomba, incendios intencionados u otras calamidades.
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