La ley propone modificar la fórmula de cálculo para las actualizaciones de las pensiones y elevar la edad jubilatoria de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.
El Gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma, calculado en 100 mil millones de pesos (unos cinco mil 500 millones de dólares).
La reforma era crucial para el Gobierno, que se propone así bajar el déficit fiscal estimado en 5% del producto interno bruto (PIB).
Miles de manifestantes protestaron el lunes en las calles contra la reforma y protagonizaron violentos choques con la policía, con saldo de decenas de heridos y detenidos.
Durante la noche, las protestas estallaron en numerosos barrios de la capital federal y en distintos puntos del país donde familias enteras salieron a las calles a golpear cacerolas en rechazo a la reforma.
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