La Comisión cree que hay “graves deficiencias que afectan a las verificaciones de gestión y de seguimiento”. Porque el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas delegó estas funciones en la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (DGAECE) y esta, a su vez, lo dejó en manos del Ayuntamiento y, en el caso de la región, en la Dirección General de Universidades e Investigación.
En el caso del Ayuntamiento, la Comisión sostiene que las “irregularidades en materia de contratación pública” son de origen. Los fondos se han destinado a dos programas: el primero de 1,48 millones para mejorar los servicios turísticos (tecnología de la información, campañas de concienciación, nuevas infraestructuras informáticas…), y el segundo, de 11,9 millones, al plan de recuperación del río Manzanares. Su objetivo es eliminar el efecto barrera que creaba la M-30, así como mejorar las zonas verdes de Madrid.
En febrero de 2015 —con Ana Botella como alcaldesa— una nueva auditoría de Bruselas puso de manifiesto que el Ayuntamiento había hecho oídos sordos a su mandato y no había solventado ninguna de las deficiencias en la contratación, que son numerosas: “utilización injustificada de procedimiento acelerado, criterios técnicos de adjudicación no especificados claramente, falta de comunicación de los resultados de la adjudicación del contrato...”.
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