Fuentes cercanas a la investigación han explicado a El Periódico que es el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona quien coordina este dispositivo, con la intención de localizar los pagos que realizó La Generalitat, con Carles Puigdemont al frente, para financiar el envío de las cartas con el censo electoral. Este juzgado investiga los preparativos del referéndum desde hace meses.
No es la primera vez que la Guardia Civil registra propiedades de la empresa Unipost: el pasado mes de septiembre accedió a varias naves de la compañía y se incautó de más de 45.000 documentos relacionados con la organización del referéndum separatista celebrado del 1 de octubre. Esta empresa también prestó servicios postales y de papelería en la consulta alternativa del 9-N del 2014.
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