El 18 de septiembre pasado, un tribunal de la provincia de Odesa declaró inocentes a los acusados de disturbios masivos ocurridos el 2 de mayo de 2014 en la Plaza de Grecia.
Según medios locales, el tribunal examinó solo las acciones de los activistas anti-Maidán, imputados de incitar a sus partidarios a atacar a los participantes del Euromaidán, lo que provocó los disturbios masivos.
El 2 de mayo de 2014, en plena campaña electoral para elegir al presidente del país, manifestantes contrarios al actual Gobierno ucraniano, los anti-Maidán, fueron agredidos por extremistas del grupo radical Pravy Sektor y unos ultras de fútbol.
La agresión derivó en el incendio premeditado de la Casa de los Sindicatos, donde se refugió un grupo de manifestantes indefensos.
Según los datos oficiales, fallecieron 48 personas, la mayoría de ellas –42– perdieron la vida en la plaza Campo Kulikovo y en la Casa de los Sindicatos.
Entre los muertos hubo siete mujeres y un menor, 32 personas murieron a causa de quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono, 10 se tiraron por las ventanas del edificio incendiado y seis fallecieron por heridas de balas.
La masacre también causó más de 250 heridos.
La oposición sostiene por su parte que hubo 116 fallecidos.
Las organizaciones internacionales apuntaron reiteradamente a la ausencia de avances en la investigación de la tragedia, y exigieron a las autoridades ucranianas que castiguen a los culpables.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH resaltó la tendencia alarmante de expulsar a periodistas que existe en Ucrania, y llamó a revisar rigurosamente las medidas restrictivas.
"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca una tendencia alarmante, cuando periodistas que cubren el conflicto en Donbás reciben la etiqueta de 'propagandistas', y eso resulta motivo para su expulsión de Ucrania", subraya el documento.
El informe revela que en ese país fueron arrestados, interrogados y deportados por sus reportajes tres periodistas rusos y dos españoles.
Según el organismo de la ONU, cualquier restricción de la libertad de opinión y de expresión, si resulta aplicada, debe corresponder al objetivo legal que se persigue, y cada medida de ese tipo debe ser revisada desde el punto de vista de los estándares internacionales, incluida la Corte Europea.
En noviembre Ucrania deportó al periodista ruso Ígor Petrashévich, que trabajaba para varios portales rusos de noticias, y le prohibió la entrada al país por tres años.
En agosto pasado el Servicio de Seguridad de Ucrania expulsó del país y prohibió la entrada por tres años a dos periodistas españoles, Antonio Pampliega y Manuel Ángel Sastre, por presuntas "actividades antiucranianas".
El mismo destino corrió el periodista ruso, Viacheslav Némishev, de la cadena NTV, y la periodista Ana Kurbátova del Canal 1 de la televisión rusa que antes de su expulsión, además, fue secuestrada en Kiev por el Servicio de Seguridad ucraniano.
A los numerosos casos de acoso a los periodistas se suman sanciones aprobadas por Kiev en mayo contra varios medios de comunicación rusos como la agencia de noticias Rossiya Segodnya (matriz de Sputnik), otros medios como las cadenas de televisión NTV, Zvezda, TVC, RenTV, así como servicios y redes sociales Yandex, Mail.ru, OK, VK y otros.
El acoso a periodistas por parte de las autoridades ucranianas fue criticado anteriormente por la OSCE, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Unión de Periodistas de Ucrania, que denunció que las autoridades no toleran a los informadores críticos y tratan de desacreditarlos al calificarlos de "agentes de Moscú".
El Ministerio de Exteriores ruso también expresó su indignación por la violación por parte de Kiev de sus compromisos sobre la libertad de prensa, y pidió a la UE y EEUU que condenen las medidas del Gobierno ucraniano que contradicen los derechos internacionales.
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