ÚN | EFE.- El responsable de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi, defiende que la Carta Democrática ya se está aplicando a Venezuela y que el secretario general, Luis Almagro, tiene no solo legitimidad sino también obligación de atender las crisis del continente.

“La Carta está aplicándose desde el momento en el que el secretario general presentó su informe al Consejo (el 23 de junio). El proceso se inició cuando se aceptó el orden del día y celebrar la reunión. Esa reunión se hizo ya en cumplimiento de la Carta”, dijo hoy Arrighi en una entrevista con Efe.

El jurista uruguayo fue uno de los redactores de la Carta Democrática de la OEA en 2001, lleva 23 años como responsable de asuntos jurídicos internacionales de la organización y ha trabajado con seis secretarios generales que le han confirmado sucesivamente en el cargo.

“La Carta no es nada nuevo ni algo que se aprobó anteayer y no les ha dado tiempo de evaluar a los países. El artículo 20 no se había aplicado antes porque los Gobiernos habían pedido ayuda ante las crisis, pero si un país no lo hace, el secretario general estaría en omisión de asistencia si no actuara”, defiende el abogado.

“Es -prosiguió- como si un médico no atendiera a un paciente grave que no se quiere dejar atender”.

“La palabra ‘activar’ parece más para una bomba que para una norma jurídica. Prefiero hablar de iniciar, aplicar. Hay que sacar de la cabeza a la gente que esto es activar una granada y viene la explosión”, aclaró Arrighi.

“Como el artículo 20 es para el caso en el que hay un Gobierno legítimo, se contemplan gestiones diplomáticas, no se va directo a la sanción (que podría ser la suspensión del ente) como en el caso de que no hubiera Gobierno (un golpe de Estado)”, agrega el experto.



El veterano responsable de asuntos jurídicos recordó además que diez años antes de que se aprobara la Carta Democrática en 2001, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución 1080, que daba potestad solo al secretario general, no a los Estados miembros, de convocar un Consejo y activar los mecanismos de sanción en caso de crisis institucional en un país.

“Y se aplicó en tres ocasiones, cuando una junta militar expulsó al entonces presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, en 1991, cuando el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori disolvió el Parlamento en 1992 y cuando el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, hizo lo mismo en 1993”, relató Arrighi.

“Así que el hecho de que el secretario general actúe en casos de crisis no es una novedad (aunque sí es el primero en invocar el artículo 20 de la Carta), tiene muchos precedentes, la Carta Democrática extiende lo que era exclusividad del secretario en la resolución 1080 a cualquier Estado”, añade.

El abogado no comprende que haya discusión sobre qué dice y qué no dice el artículo 20, porque cuando él y sus compañeros lo redactaron no les suscitó ninguna confusión ni debate.

“Yo participé en la redacción y hubo algunos tropiezos, pero donde no hubo ninguno fue en la sección del artículo 20, a todos nos pareció clarísimo que se trataba de hipótesis distintas y que el 20 es para cuando hay un Gobierno legítimo”, señala.

El proceso de la Carta está ahora en el paso tercero, después de su invocación el 31 de mayo y de la reunión del informe de Almagro sobre Venezuela el 23 de junio.

Lo 34 Estados miembros evalúan si convocan un nuevo Consejo para tomar medidas concretas en la crisis venezolana, como podría ser una misión de mediación u otro tipo de gestiones diplomáticas

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