El “sinceramiento” económico ordenado por Mauricio Macri amenaza con dejar sin presupuesto a la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina y casa de referencia académica en América Latina. Los decanos han advertido que la partida aprobada por el Congreso en diciembre no tuvo en cuenta las subidas de hasta 700% en las tarifas de electricidad, gas y agua, decretadas por el Ejecutivo el 1 de abril, y la inflación, que se ha disparado hasta un 30% interanual desde enero. Desde el Rectorado de la UBA, un vocero ha confirmado que el dinero asignado “alcanza hasta agosto”, mes en el que ya no habrá suficiente para saldar los costos operativos. El Ministerio de Educación, por el momento, no tiene en carpeta asignar dinero extra, pero un portavoz confirmó el inicio de conversaciones con el Ministerio de Energía para eximir a las universidades nacionales, incluida la UBA, del pago de los aumentos tarifarios.
El miércoles, el Consejo Superior de la UBA aprobó un presupuesto para este año de 8.698 millones de pesos (580 millones de dólares), unos 2.000 millones de pesos (133 millones de dólares) más que en 2015. La cifra fue enviada al Congreso por la gestión de Cristina Fernández de Kichner como parte del Presupuesto Nacional, pero los reajustes tarifarios del inicio de 2016 alcanzaron para evaporar el excedente.
El problema es complejo. La UBA, dirigida por el rector Alberto Barbieri, es mucho más que una universidad donde asisten en forma gratuita 325.000 alumnos distribuidos en 13 facultades. Tiene también 4 colegios secundarios, entre ellos el tradicional Colegio Nacional Buenos Aires, y 4 hospitales escuela indispensables en el sistema de servicio público de salud. Como la intención ha sido que la sangre no llegue al río, las partes han iniciado negociaciones para resolver el problema presupuestario.
“Hoy existe una mesa de trabajo entre la UBA y el Ministerio para ver como destinan algunas partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales y también un adicional que contemple el aumento de tarifas. Para empezar, el anterior Gobierno tenía una deuda de casi 300 millones de pesos y éste ha hecho un esfuerzo y la ha saldado en casi un 90%”, explicó Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda de la UBA. Yacobitti confirmó también que están en tratativas para eximir a las universidades nacionales del aumento tarifario, lo que aliviaría las cuentas. La semana que viene, además, el rector Barbieri se reunirá en el Senado con un grupo de legisladores que impulsa una ley para desafectar a las universidades del ajuste en los servicios.
En las facultades, sin embargo, no son tan optimistas. Desde los decanatos argumentan que las tarifas son sólo una parte del problema. “Los gastos de funcionamiento no se reducen al pago de los servicios. También incluyen insumos, mantenimiento edilicio, arreglos de los ascensores, insumos de oficina. Si no tengo tinta para imprimir certificados no puedo funcionar”, dijo Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras. El problema ha sido que la porción destinada a esos gastos se ha reducido año tras año, en parte porque cada vez más porcentaje del presupuesto va a parar al pago de salarios. Si en los años 80 el pago de la nómina equivalía al 85% del total, hoy se ha elevado al 95%. Para financiar esos gastos las facultades tienen dos alternativas: apelar al presupuesto que reciben de Educación, a través del Rectorado, o generar recursos propios mediante posgrados, asesorías y otros servicios rentados. “Durante los últimos años nuestro principal interlocutor para la firma de convenios de asesoría o capacitación era el Estado, pero este Gobierno ha tendido a suspender todo tipo de acuerdos con universidades. Con gastos en ascenso y sin ingresos propios estamos en el peor de los mundos posibles”, denunció el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Glenn Postolski.
Desde el Rectorado, más propensos al consenso con la Casa Rosada, han relativizado la magnitud de la paralización de los convenios. “Lo que se hizo”, dijo Yacobitti, “fue un ordenamiento. Se trata de un nuevo gobierno que está definiendo los programas y confiamos en que continuarán”. Pero otros ven detrás una política oficial de más largo alcance, contraria a las universidades. “Entiendo que en el Gobierno nacional actual no hay un proyecto de desarrollo para las universidades, sino de achicamiento. Si se ven los aumentos de salarios ofrecidos a las profesores [15% en mayo y 15% a fin de año], y las comparas con los acordados con los docentes de primaria y secundaria [34,6% al mes de julio], es evidente que el ministro Esteban Bullrich está interesado en fomentar el sistema educativo en detrimento de la universidades nacionales”, dijo la decana Morgade.
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