"Para la Fiscalía, los hoy indiciados desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico", señaló la Fiscalía en un comunicado.

La medida alcanza a la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, al alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y al exalcalde de esa población Elver Porfidio Cerón, quienes no tuvieron en cuenta las alertas que habrían podido evitar la tragedia, según los fiscales.
Los funcionarios deberán responder por el cargo de homicidio culposo, precisó la Fiscalía.

"En su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud", indicó la Fiscalía.

Los funcionarios conocían "el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas" y aun así no activaron el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas.
El desastre que afectó a Mocoa en su parte urbana (habitada por unas 36.000 personas) se presentó entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril por fuertes lluvias que cayeron en la región.

Las precipitaciones causaron el desborde los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, lo que a su vez derivó en una gran avalancha que arrasó con 17 barrios.

Sputnik

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