Las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que quieran operar en China van a quedar bajo el control de la policía. Tras más de un año desde que se sometió a consultas un primer borrador, Pekín aprobó este jueves la polémica nueva ley que regula a estos grupos y que los activistas consideran que impone graves restricciones a su funcionamiento.
La norma forma parte de una tríada aprobada en los últimos 12 meses -la completan la ley de Seguridad Nacional y la ley Antiterrorista- que limita gravemente el desarrollo de la sociedad civil, según denuncian los defensores de los derechos humanos.
Las ONG dejarán de ser responsabilidad del Ministerio de Asuntos Civiles y pasarán a estar controladas por el Ministerio de Seguridad Pública (del que depende la policía). Este departamento podrá supervisar las cuentas de estas organizaciones foráneas, interrogar a sus trabajadores y cerrar sus oficinas si lo considera necesario. En caso de encontrar indicios de delito, se emprenderán medidas punitivas contra los cooperantes. Las operaciones de las ONG que hayan incumplido la ley podrán quedar suspendidas durante 5 años.
Los grupos extranjeros no podrán participar en actividades políticas o religiosas, ni recibir donaciones de ciudadanos chinos ni reclutarlos como miembros. Para funcionar, tendrán que asociarse con una organización china que haya recibido la aprobación de las autoridades locales. Aunque la ley -enormemente vaga, como muchas de las reglamentaciones chinas- no precisa cuáles pueden ser esos socios autorizados.
Los defensores de los derechos humanos han condenado inmediatamente la aprobación de una ley “draconiana” que consideran una vuelta de tuerca más del Gobierno que encabeza el presidente Xi para lograr un control absoluto de la sociedad civil.
Según China Human Rights Defenders, el objetivo de la nueva norma es “restringir la entrada en China de influencias e ideas extranjeras, especialmente cuando el Gobierno perciba que presenten una amenaza política u ofrezcan perspectivas diferentes sobre derechos humanos y otros asuntos sensibles”.
La medida, aprobada en su tercera lectura por casi unanimidad -147 votos a favor y 1 en contra en el equivalente de un Parlamento- entrará en vigor el próximo 1 de enero. Según los cálculos oficiales difundidos este jueves afectará de un modo u otro a cerca de 10.000 ONG extranjeras que operan en su territorio.
Pese a la introducción de una serie de enmiendas en el texto finalmente aprobado, un resumen oficial facilitado a la prensa pone de relieve que permanecen en pie aún muchas de las regulaciones que a lo largo del último año y medio habían suscitado las protestas de Gobiernos extranjeros, universidades, cámaras de comercio o asociaciones benéficas, todas ellas inicialmente incluidas en la definición de ONG extranjera.
China justifica la nueva norma recordando que otros países cuentan asimismo con un marco legal específico para las ONG extranjeras. También alega la necesidad de cerrar el vacío legal en el que operaban hasta ahora muchas de ellas: el difícil proceso hacía que apenas una minoría, como la defensora del medioambiente Greenpeace, estuviera registrada de manera oficial. El resto opera como empresas, oficinas de representación u otras fórmulas.
Vistas desde siempre con cierta desconfianza entre algunos sectores del régimen, especialmente aquellas de las que sospeche que puedan ser activas en materia de derechos humanos, su funcionamiento se ha visto sometido a un escrutinio creciente desde la llegada al poder del actual presidente, Xi Jinping, en 2012. La sospecha política hacia los extranjeros también parece haber ido a más: este mes, unas caricaturas distribuidas durante el Día de la Seguridad Nacional advertían a las funcionarias contra noviazgos con ciudadanos foráneos porque podrían ser espías.
En enero pasado, un ciudadano sueco, Peter Dahlin, fue detenido, compareció ante las cámaras para confesar sus supuestas culpas y deportado después. Dahlin era cofundador de la ONG Urgent Action Working Group, dedicada a dar formación legal a activistas pro derechos humanos, y fue acusado de fomentar la subversión.
“Aunque un buen número ha contribuido a la cooperación internacional y al proceso de reforma y apertura de China, hay una pequeña proporción de ONG extranjeras que han planeado o perpetrado actividades que dañan la seguridad nacional y la estabilidad social”, afirmó el jueves en rueda de prensa el representante de la Asamblea Nacional Popular (el Legislativo chino) Zhang Yong. Y, “si alguna de ellas emplea el manto de la cooperación para cometer delitos, la Seguridad Pública debe tener el derecho de impedirlo y castigarlo”, señaló otro portavoz de la ANP, Guo Linmao.
Pero la ley, según denuncian numerosas organizaciones extranjeras, es -como muchas de las normas legales chinas- enormemente vaga y no tipifica qué tipo de comportamiento preciso puede ser considerado delito. “Actos terroristas, que amenacen la integridad territorial, pongan en peligro nuestra estabilidad o los intereses del pueblo”, enumeró Guo.
Al tiempo que el Ejecutivo ha ido aprobando las tres polémicas leyes, otras ONG locales y asociaciones civiles han sido desmanteladas y sus integrantes, detenidos o acosados por las fuerzas de seguridad.
El año pasado la detención de cinco feministas que planeaban actividades contra el acoso sexual dio paso a una investigación sobre el grupo contra la discriminación Yirenping, que como consecuencia dejó de funcionar. En verano fueron detenidos algunos de los abogados defensores de los derechos humanos más prestigiosos del país, entre otros casos.
“Pekín necesita a duras penas más munición para arremeter contra los grupos de la sociedad civil”, ha indicado la directora para China de Human Rights Watch (HRW), Sophie Richardson. La nueva ley “es como muchas otras de la era Xi Jinping: herramientas cada vez más duras para legalizar los abusos de los derechos humanos en China”.
Esta organización y Amnistía Internacional (AI) han exigido que se enmiende sustancialmente o se revoque la medida. “La ley presenta una amenaza muy real al trabajo legítimo de las ONG independientes”, opina William Nee, investigador para China de AI. “Las autoridades, particularmente la policía, tendrá poderes prácticamente ilimitados para apuntar contra las ONG, restringir sus actividades y finalmente sofocar a la sociedad civil”.
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