Al llegar a la Casa Blanca en enero, Trump se encontró con un inusualmente elevado número de plazas judiciales vacantes y una plantilla de magistrados de avanzada edad. El presidente republicano ha aprovechado la oportunidad. Sus asesores han diseñado con precisión, en coordinación con los conservadores del Senado, donde ostentan la mayoría, una estrategia para nombrar con la mayor rapidez y menor oposición política posible a jueces conservadores para tribunales de distrito y apelación.
El resultado es que Trump ha nominado a muchos más jueces que sus predecesores en sus primeros nueve meses de presidencia. Por ejemplo, ha nombrado al doble que Barack Obama en el mismo periodo. Las designaciones, sin embargo, han sido polémicas al incluir desproporcionadamente a hombres blancos. También a personas jóvenes con escasa experiencia.
La American Bar Association, una organización independiente que evalúa desde hace medio siglo las nominaciones judiciales, ha considerado “no cualificado” a cuatro de los designados por Trump. Uno de ellos, Brett Talley, un abogado de 36 años, ha sido aprobado como magistrado de apelaciones por el Comité Judicial del Senado pese a que nunca ha acudido a un juicio y ha exhibido sin tapujos una clara opinión conservadora.
Hay que remontarse casi 30 años, a la presidencia del republicano George H.W. Bush, para encontrar un ratio tan elevado de nominaciones de hombres blancos para plazas de jueces federales. Un 91% de los designados de Trump son blancos y un 81% hombres, según un recuento de la agencia Associated Press.
Trump, que como candidato y presidente ha lanzado guiños a grupos supremacistas blancos, pone en jaque las políticas adoptadas en las últimas décadas para reflejar mejor en los tribunales la diversidad racial y de género en EE UU. Las cifras contrastan con las de Obama. El primer presidente negro del país nombró en sus ocho años en la Casa Blanca a un 37% de hombres blancos como jueces y a un 42% de mujeres.
El Gobierno de Trump ha defendido que las credenciales conservadoras deben guiar la elección de magistrados. El presidente alardeó recientemente de que las designaciones tendrán consecuencias “durante 40 años” y que él cambiará un “alto porcentaje” de los tribunales. Es una época dorada para el movimiento judicial conservador, que defiende una interpretación estricta de la Constitución.
Carrie Severino, responsable legal y política de Judicial Crisis Network, una organización judicial conservadora, destaca que la designación de jueces tendrá “más impacto” que cualquier otra decisión de Trump. “Los jueces van a interpretar esas leyes que pasas, las órdenes ejecutivas, es una posición increíblemente importante”, dice en una entrevista telefónica.
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