La crisis catalana adquiere rango de problema interno belga. Si tras la llegada de Carles Puigdemont a Bruselas quedaba alguna duda de sus posibles efectos para la estabilidad del ejecutivo, este miércoles se han disipado. La comisión de interior del Parlamento federal ha discutido la posición que debe tomar el Gobierno ante la cuestión. En un tono emocional, con continuas referencias a la violencia policial del 1-O, el primer ministro Charles Michel, el único mandatario europeo que no cerró filas con Mariano Rajoy tras el referéndum, ha afrontado un formidable bombardeo de preguntas que le pedían precisamente lo que ha querido evitar desde el principio: tomar partido entre independentismo y unidad de España, entre Puigdemont y Rajoy, entre condenar los encarcelamientos o respetar la legalidad.

"Como entrenador del equipo ha perdido el control sobre sus jugadores", ha espetado un parlamentario ante las repetidas críticas del gabinete de Michel a España en las últimas semanas. Las diatribas han llegado desde múltiples frentes. Jan Jambon, nacionalista flamenco, ministro de Interior: "España ha ido demasiado lejos. Solo aplicaron el mandato de sus electores". Theo Francken, del mismo partido, titular de Inmigración: "Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica". También ha habido mensajes menos amables con Puigdemont. Kris Peeters, democristiano flamenco, vice primer ministro: "Cuando alguien llama a la independencia, debería quedarse con su pueblo".

En medio de ese intercambio de recados públicos, Michel ha negado la mayor. "Hay una crisis política en España y no en Bélgica". Ha situado a España y el Gobierno de Madrid, y no a los líderes independentistas, como único interlocutor de su Gobierno. Ha reiterado su llamada al diálogo en España. Y ha vuelto a decir que la llegada de Puigdemont a Bélgica es la de un ciudadano europeo más que utiliza la libre circulación con los mismos derechos y deberes que cualquier otro, también en lo que respecta a sus obligaciones frente a la justicia: "Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos como cualquier otro. Sin privilegios ni como un 'subciudadano'"". Michel, liberal francófono, está entre la espada y la pared, quiere ahuyentar un renacimiento de los fantasmas independentistas en Bélgica sin disgustar a sus socios nacionalistas, y a la vez trata de esquivar la crisis diplomática con España, bordeada ya en varias ocasiones desde el referéndum.

Para ello quiso pasar la pelota a las instituciones europeas citando las palabras de Puigdemont, en las que señalaba que el motivo de haber elegido Bruselas era su condición de corazón de Europa y no el aliento de sus aliados nacionalistas flamencos de la N-VA. Pero no todos en la cámara compartían su visión. "Es una crisis belga porque no ha condenado el referéndum inconstitucional, porque ha llamado a sus ministros a la discreción pero no le han hecho caso. La N-VA tiene el megáfono y eso convierte a Bélgica en rehén del separatismo", ha reprochado la diputada opositora socialista de origen asturiano Julie Fernández.

Cataluña eleva el tono de las pasiones en Bélgica hasta el punto de rescatar del baúl de la historia recuerdos dolorosos como el pasado colaboracionista con los nazis de un sector del nacionalismo flamenco, o los tiempos en que el presidente de la N-VA, Bart de Wever, el gran aliado de Puigdemont, estrechaba la mano del ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Miembros de dicho partido fueron jaleados este martes en el acto de Puigdemont con 200 alcaldes en Bruselas.

La oposición ha criticado las contradicciones del responsable de Inmigración, Francken, duro frente a los inmigrantes y refugiados, receptivo con Puigdemont. "Para tener asilo en Bélgica es más fácil venir de Cataluña que de Irak o Darfur", le ha reprobado el ecologista Benoit Hellings. El diputado fue uno de los más irónicos. "Han dado un empujón al turismo en Bruselas, sobre todo ayer, gracias por eso", dijo en referencia al aterrizaje de casi 200 alcaldes.

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