El Tribunal Supremo es poco proclive a asumir la investigación completa de las causas en las que hay implicados aforados y no aforados. Lo habitual es que se quede solo con la instrucción correspondiente a los investigados que mantienen el fuero y devuelva el resto a los jueces de las instancias inferiores, ya sea un juzgado de instrucción o un tribunal superior autonómico. Pero las fuentes consultadas sostienen que, en el caso de los procedimientos abiertos por el proceso independentista, se dan varias circunstancias que aconsejan centralizar las causas. El Supremo asumiría así las investigaciones abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La primera de estas razones parte de las características propias del delito de rebelión (472 del Codigo Penal), que siempre es de ejecución colectiva: un grupo de personas que se alzan para conseguir un fin, en este caso la independencia. Esto, según las fuentes consultadas, impide investigar los hechos cometidos por los imputados aforados (en este caso, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa) de forma aislada del resto.

La puerta para asumir todas las causas la abrió la Sala de lo Penal del alto tribunal en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra los aforados. Los cinco magistrados que firmaron esa resolución dejaron en manos del instructor, Pablo Llarena, la decisión de centralizar o no la investigación, pero en su escrito dejaron claro de qué dependerá: que los hechos que se investigan en las otras causas sean "inescindibles respecto de los inicialmente atribuidos" a los investigados en el Supremo. Y si el delito de rebelión es colectivo, la causa, avanzan fuentes del tribunal, no se debe dividir. Este razonamiento serviría para que el alto tribunal asumiera la investigación por rebelión que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y su Govern cesado, así como las abiertas contra los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.

Con la centralización de las investigaciones, el Supremo quiere evitar que se valoren con criterios dispares unos mismos hechos. Ya ha habido discrepancias entre las decisiones de la juez Lamela y las suyas (como la suspensión de los interrogatorios de los aforados) y en el Supremo pretenden evitar que se repita.

En el alto tribunal no ha gustado el encarcelamiento de todos los miembros cesados del Govern que han declarado en la Audiencia Nacional. Ya antes de que la juez dictara el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los exconsejeros, en el Supremo asumían que esa posibilidad, de la que no eran partidarios, daría una baza al independentismo a mes y medio de las elecciones. Las fuentes consultadas del tribunal consideran que la justicia debe mantener su independencia, pero no puede abstraerse del "delicado" momento político que vive el país.

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