El Senado de Méxicoaprobó por 90 votos en favor y 29 en contra la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, que prevé una recaudación de casi 5,3 billones de pesos (275.413 millones de dólares), sin nuevos impuestos ni incremento en los existentes.

Los senadores consideraron oportuno incrementar en 43.291,4 millones de pesos (2.258 millones de dólares) los ingresos del Gobierno federal, como lo propuso la Cámara de Diputados, considerando un precio del petróleo promedio de 48,5 dólares por barril, así como un tipo de cambio promedio a 18,40 pesos por dólar estadounidense.

La Ley autoriza al Ejecutivo un monto de endeudamiento neto interno hasta por 470.000 millones de pesos (24.517 millones de dólares), así como un monto de endeudamiento neto externo de 5.500 millones de dólares estadounidenses, que incluye el monto que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

En la presentación del dictamen, el senador José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que es un instrumento responsable con el país, que permite contar con recursos para impulsar el desarrollo que demanda la sociedad.

Al fundamentar su voto en contra, Mario Delgado, del izquierdista Partido del Trabajo, aseguró que en 2018 aumentarán la población en situación de pobreza y el endeudamiento, además de que se reducirá el crecimiento económico, todo aunado a la inestabilidad y una "potencial recesión" ante la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidro Pedraza consideró que el dictamen "por lo menos" garantiza el blindaje financiero para el siguiente año, y que votaría en favor de forma condicionada a mantener un diálogo permanente sobre el desempeño de las finanzas públicas.

La aprobación de la Ley de Ingresos, parte del paquete presupuestal enviado por el Gobierno al Congreso, había quedado en entredicho en días recientes debido a la pugna entre el PRI y los partidos de oposición en torno al formato de la votación para aprobar o revocar la reciente destitución del fiscal electoral.

La Junta de Coordinación Política del Senado, dominada por el PRI, propuso el martes un voto secreto de los legisladores, lo que fue objetado por los partidos opositores, que exigen una votación abierta. EFE.

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