La libre circulación entre países es uno de los principios sagrados de la Unión Europea, pero los desequilibrios en su aplicación han actuado como gasolina para la incendiaria dialéctica populista en los últimos tiempos. "¿En torno a qué giraba el Brexit? En torno a los trabajadores de Europa del Este que venían a ocupar los puestos de trabajo británicos. ¡Los defensores de Europa perdieron porque las clases medias británicas dijeron basta!", clamaba a las claras Emmanuel Macron, en una entrevista con este diario el pasado junio. Los ministros de Trabajo de la UE llegaron ayer a un acuerdo para corregir el tiro tras una maratoniana negociación en Luxemburgo que se extendió durante 12 horas. El respaldo a la reforma de la directiva de trabajadores desplazados fue mayoritario: 21 de los 28 socios europeos aprobaron el acuerdo. Solo cuatro Estados del Este: Polonia, Hungría, Letonia y Lituania, votaron en contra, mientras que Reino Unido, Irlanda y Croacia se abstuvieron.

El pacto recoge que los empleados enviados por su empresa a otro Estado miembro durante un período de tiempo limitado, los denominados trabajadores desplazados, —no confundir con aquellos que se establecen en otro país de la UE de forma duradera para buscar empleo— deberán beneficiarse de los mismos convenios laborales que sus colegas del país de acogida siempre que sean más favorables. Una nueva realidad que Bruselas, firme partidaria del cambio, ha resumido en una frase: "Misma remuneración por un mismo trabajo en un mismo lugar".

De este modo se evitará que un obrero de la construcción enviado, por ejemplo, desde Cracovia, pueda llegar a costarle al empresario la mitad que un autóctono francés o alemán, una diferencia que Macron llegó a tildar de traición al espíritu europeo. Esa evidente desventaja competitiva para los trabajadores locales, de la que las empresas son las grandes beneficiadas, ha sido también recurrentemente recordada por una parte de la extrema derecha europea —con mención destacada a Marine Le Pen— para azuzar la xenofobia y el euroescepticismo aprovechando el imparable crecimiento de los trabajadores desplazados en los últimos años. Todo a pesar de que el aumento no lo ha convertido todavía en un fenómeno extendido. Según cálculos de la Comisión Europea son unos dos millones, menos del 1% de la fuerza laboral europea. Alemania, Francia y Bélgica son, por ese orden, los principales receptores, con Polonia como primer emisor con casi medio millón de trabajadores al año.

El acuerdo premia la perseverancia de Macron en su primera gran victoria europea. El presidente francés ha sido el principal impulsor de la renovación de la ley con su gira por el Este en busca de aliados y su reunión del pasado viernes en Bruselas para convencer al presidente Mariano Rajoy. También deja buen sabor de boca a España. La gran línea roja de Madrid, lograr que se excluyera a los transportistas del pacto a la espera de que se negocie otra ley específica sobre transporte por carretera, fue finalmente aceptada derribando así las reticencias de España, Portugal, Bulgaria y Rumania, que desmontaron su resistencia inicial para votar a favor. Pero no todo fue acorde con la posición española. El tiempo a partir del cual un trabajador dejará de ser considerado como desplazado y tendrá que acatar todas las normas laborales del país de destino se quedará en un máximo de 12 meses prorrogables en otros seis más, una opción a medio camino entre los 12 meses que reclamaba Francia y los 24 del Gobierno español.

La negativa de Polonia y Hungría agranda la brecha que separa a ambos países, díscolos habituales, de sus socios europeos. Varsovia, poco contagiada del influjo que ejerce la irrupción de Macron sobre el tablero europeo —en agosto le lllamó "arrogante" por boca de su primera ministra, Beata Szydlo—, ve la ley como un intento proteccionista que atenta contra el mercado único y mina la capacidad de Polonia de competir por medio de su fuerza laboral. El Este perderá, a priori, parte del atractivo que tienen sus empresas al enviar flotas de mano de obra más barata a países más ricos. Esa ventaja competitiva, calificada por Bruselas de dumping social, ha llevado a un cierto número de compañías a instalarse allí para exportar trabajadores, en ocasiones de manera fraudulenta por medio de empresas buzón sin presencia real en el país. El sector de la construcción acumula el 43,7 % de todos los desplazamientos laborales de la UE, seguido de la industria manufacturera —21,8 %— y los servicios educativos, sanitarios y de trabajo social —13,5 %—.

Francia no ocultaba anoche su euforia por el acuerdo: "es una victoria para Europa", señaló eufórico el gabinete de Macron. Pero a la vez, la preocupación por las heridas en las que puede hurgar la enésima falta de sintonía con Polonia y Hungría llevó a París a apresurarse en tratar de rebajar un distanciamiento que amenaza con convertirse en desgarro: "El texto final no marca una fractura Este-Oeste. No hay ganadores ni perdedores, la única vencedora es Europa", dijo Muriel Pénicaud, ministra de Trabajo francesa. "Hemos llegado a un acuerdo equilibrado", declaró la comisaria para Asuntos Sociales, la belga Marianne Thyssen.

La directiva actual, que data de 1996, antes de la expansión de la Unión al Este, obliga a que los desplazados cobren al menos el salario mínimo del país de acogida y se beneficien de los descansos, vacaciones y normas de seguridad y salud que recoge su legislación. Pero esas garantías estaban lejos de suponer la equiparación dadas las enormes diferencias salariales y de cotizaciones sociales entre Este y Oeste. Cuando transcurran los cuatro años de transición acordados hasta la aplicación obligatoria de la nueva norma, los desplazados también tendrán derecho a recibir pagas extra o aumentos por antigüedad.
ElPais

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