El 16 de octubre, la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional envió a prisión provisional sin fianza a Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.
Ambos están siendo investigados por la posible comisión de un delito de sedición como principales convocantes de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre frente a edificios oficiales como la sede de Economía del Gobierno catalán o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Estas manifestaciones se produjeron en respuesta a los registros y detenciones de altos cargos gubernamentales que la Guardia Civil realizó aquel día como parte del operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre.
Según la Audiencia Nacional, las concentraciones tenían la finalidad inmediata de impedir el trabajo de los funcionarios encargados de los registros y la finalidad última de conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana independiente de España a sabiendas de que todo ello es contrario a la Constitución.
Al contrario de lo expresado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, el ministro español de justicia negó que se pueda calificar a Sánchez y Cuixart como presos políticos porque simplemente se investiga "la hipotética comisión de un delito" por impedir la actuación de las fuerzas del orden.
En una misma línea se expresó el delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo, que destacó que la entrada en prisión de los líderes independentistas no se produjo por sus ideas "sino por sus actos".
Además, Millo celebró el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart porque "seguramente contribuye a dejar constancia de que nadie está por encima de la ley y que cuando alguien libremente decide vulnerar la legalidad deberá rendir cuentas".
Sputnik
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