Los datos recogidos, y agrupados en seis epígrafes, ponen de relieve en qué medida “la democracia está a la defensiva”, por cuanto que el débil rendimiento de la economía, la agobiante sensación de que no hay escapatoria ante la corrupción generalizada, y ya endémica en la clase política –el último y más reciente caso es la detención del vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas–, y la escalada de la violencia parecen no ser asuntos atendidos eficazmente por las autoridades.
Con respecto a la opinión de hace dos años, en 2017 se ha incrementado la proclividad a avalar acciones extralegales para destituir a los líderes electos de sus cargos, ello coincide con un descenso en nueve puntos porcentuales de quienes apoyan a la democracia, así como a sus instituciones y valores fundamentales (de 66,4% en 2014 a 57,8% en 2016-17).
Paralelamente, la ciudadanía percibe que sus libertades básicas están siendo limitadas, puesto que el 53,7% considera que el nivel de libertad para expresar opiniones políticas es muy poco y para el 48,9% lo es también el nivel de libertad de expresión general. Todo lo cual se proyecta en la decepción existente con relación a la protección de los derechos humanos: dos terceras partes de los encuestados sienten que no se hallan suficientemente protegidos.
Este escenario es explicable por la extensión de la corrupción y el incremento de la inseguridad. Mientras que en torno al 20% de los entrevistados reconoce que en alguna ocasión durante un año se le ha pedido pagar un soborno, una cifra similar justifica el pago de “mordidas”. Ambas cifras subrayan la existencia de un estado de opinión que revela la magnitud del problema.
Por otra parte, en los dos últimos años, quienes reconocen haber sido víctimas de algún delito ha subido del 18,2% al 23,7%. Si casi una cuarta parte de esa muestra de la población ha tenido problemas de manera directa con la delincuencia no es menos preocupante la estimación del tiempo que la policía tardaría en responder a la invasión de un hogar. De nuevo los datos muestran un retroceso, ya que un porcentaje mayor de ciudadanos afirma que a la policía le llevaría más de tres horas responder.
Carrusel electoral
Los datos de LAPOP ponen de relieve un incremento del malestar de la población de las Américas en aspectos básicos del funcionamiento de la política con evidente impacto en sistemas democráticos que se han centrado casi exclusivamente en el ámbito electoral.
Es en este marco donde la política latinoamericana se va a confrontar a lo largo de los 12 próximos meses en un nuevo carrusel electoral. Los tres países mayores de la región, Brasil, México y Colombia, van a vivir comicios trascendentales con resultados muy inciertos a fecha de hoy.
Mientras que, de acuerdo con los últimos sondeos, en Brasil cobra fuerza la posibilidad de que Luiz Inácio Lula da Silva vuelva a la presidencia si logra desembarazarse de los procesos judiciales pendientes, en México se acrecienta tibiamente la de Andrés Manuel López Obrador, quien sin una alternativa verosímil para su país ante el escenario abierto por Donald Trump se anticipa a los otros partidos aún sin candidatos claros presidenciales.
En Colombia, dos candidatos de la derecha podrían competir por la presidencia en la segunda vuelta, echando por tierra partes sustantivas de la agenda del posconflicto. Estos tres escenarios abren la posibilidad de provocar un giro drástico de consecuencias impredecibles en el marco de sociedades que llevan tiempo sufriendo la banalización de la política. En ellas, la rendición de cuentas está ausente y la licuación de la representación política ha debilitado enormemente a los partidos políticos centrando la política en candidatos cuyo bagaje fundamental es su capacidad de seducir a los electorados.
politicaexterior.com
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