"Nos llena de incertidumbre sobre lo que podrá pasar con la población catalana o con la población española y también con los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran aquí, pues hasta que no sea oficial, todo puede pasar", dijo el parlamentario.

Si bien "la situación política es tensa" y "de cierta incertidumbre", Melo ha constatado que la población "está realizando su vida diaria de manera normal, la gente está trabajando, un poco atenta al ámbito político, pero con gran normalidad", aunque es evidente la reducción del turismo en ciertas zonas de Barcelona, añadió.
Melo consideró que "desgraciadamente ha habido una gestión no tan óptima" de la situación política para la que se espera existan "nuevos mecanismos de diálogo".

"El día de hoy el presidente del Gobierno español (Mariano Rajoy) indicaba que lo que necesita es saber si se llevó adelante un proceso oficial de independencia o no, para en función a eso tomar unas medidas u otras, pero evidentemente lo que se debe buscar es que haya una convivencia pacífica de toda la ciudadanía", comentó el político ecuatoriano.

Rajoy dio cinco días al presidente catalán Carles Puigdemont para que aclare si se declaró la independencia.
Los requerimientos enviados por Rajoy al gobernante catalán lo emplazan, "al amparo del artículo 155 de la Constitución", a que "confirme si alguna autoridad de la Generalitat (Gobierno de Cataluña) ha declarado la independencia o si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Parlament implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentra o no sin vigor".

Melo señaló que "es difícil aventurarse" a evaluar si será "positivo o negativo" que se lleve adelante un proceso de independencia.

Además, reveló que la comunidad ecuatoriana ha pedido a sus representantes políticos que medien entre ambos gobiernos, "pero la posición oficial del país es la no intervención, creemos sí que debe haber un proceso de diálogo".

Sobre la percepción de los migrantes ecuatorianos, Melo advirtió que están preocupados, sobre todo por la regularidad, pues "la mayor parte tiene nacionalidad española y los otros tienen tarjeta de residencia en el reino de España y eso los llena de incertidumbre" porque "no sabemos cuál terminaría siendo el estatus migratorio en ese nuevo país" y ante eso "se tiene que buscar dar certezas y tranquilidad".
En la comunidad de Cataluña residen alrededor de 33.000 ecuatorianos registrados, según datos oficiales.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución faculta al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma, que se haya declarado en situación de desobediencia, a cumplir de manera forzosa sus obligaciones.

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