ONU condena motín en penal de México que costó la vida a 16 personas
De acuerdo con la información difundida por las autoridades del Gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez, "al menos 16 personas habrían fallecido y 30 resultado heridas".
Las agencias de la ONU llamaron a las autoridades de Nuevo León a "conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares".
Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es realizar "una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables", plantearon esas agencias de la ONU que desde 2002 tienen una sede permanente en acuerdo con el Gobierno de México.
Asimismo, los expertos internacionales consideran "imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León".
Para lograr ese fin, las agencias de la ONU exigen "investigar de manera efectiva" otros motines y riñas mortíferas anteriores en los centros de detención Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, tres conflictivas cárceles de Nuevo León, un estado industrial del norte mexicano.
Las agencias de la ONU firmantes de la exhortación recordaron a las autoridades mexicanas "las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad".
Esas obligaciones están contenidas en las Reglas Mínimas de los estados miembros de la ONU para el tratamiento de los reclusos, conocidas como las "Reglas Mandela", en honor al expresidente sudafricano Nelson Mandela (1918-2013), que fue por muchos años un prisionero político.
Los especialistas del organismo mundial llamaron a las autoridades federales y estatales de México a adoptar las medidas necesarias para "garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos".
Las conclusiones de diferentes estudios sobre la situación en el centro de Cadereyta y el sistema penitenciario mexicano indican condiciones de hacinamiento, maltratos, corrupción y sobrepoblación.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra "graves deficiencias" sobre la situación del centro.
En los últimos dos años se han registrados varios motines sangrientos en cárceles de Nuevo León con el resultado de al menos 70 reos muertos.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2016) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estableció que en Nuevo León un 40,5% de las personas privadas de libertad se sentían inseguras en Cadereyta y 28,9% en su celda.
Otras organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que existen signos de "autogobierno" de los reos dentro de las prisiones de México, en el marco de la guerra contra el crimen organizado.