En un informe titulado "Bajo custodia: torturas y secuestros policiales en Turquía", la ONG recoge evidencias de 11 casos de abusos graves en prisión preventiva que involucran a decenas de individuos, cometidos en su gran mayoría en los últimos siete meses.

El documento se basa en entrevistas con abogados y familiares, así como en una revisión de las actas judiciales, incluyendo las denuncias de que la policía golpeó y amenazó severamente a los detenidos, y en algunos casos les amenazó con agresiones sexuales o les agredió sexualmente.
Human Rights Watch también documentó cinco casos de secuestros en Ankara y Esmirna entre marzo y junio de 2017, casos en que las autoridades detuvieron a una persona pero se negaron a desvelar su paradero, lo que podría interpretarse como una desaparición forzada.

"Ante las crecientes evidencias de que la tortura bajo custodia policial ha vuelto a Turquía, el gobierno necesita urgentemente investigar y frenar esta práctica", cita el comunicado a Hugh Williamson, director de Human Rights Watch en Europa y Asia Central.

Williamson añadió que "dada la oscura historia de desapariciones forzadas de Turquía, las autoridades deben localizar a las personas que siguen desaparecidas y asegurarse de que cualquier individuo detenido por agentes estatales tenga acceso regular a un abogado y que sus familiares sepan dónde está".

Según las cifras oficiales, más de 150.000 personas estuvieron bajo custodia policial en el último año acusadas de delitos terroristas, pertenencia a grupos armados o participación en la asonada de julio de 2016.
Al mayor riesgo de tortura, según los casos documentados, se exponen los detenidos por el supuesto vínculo con lo que el gobierno turco llama FETO, u "organización terrorista de Fethullah" (Gülen), a la que responsabiliza de la intentona golpista, y los militantes armados del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

Reuters

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