“Consideramos esta iniciativa de Ley como una violación a la soberanía de Nicaragua y una negación de todos los procesos políticos, sociales, culturales, y económicos, que en nuestra Patria se desarrollan, para mejorar la vida de todos”, se lee en el comunicado.
La ley conocida como Nica Act busca que las instituciones financieras que tienen relaciones con EE.UU. frenen los préstamos a Nicaragua hasta que este país celebre elecciones, a juicio de Estados Unidos, “libres, justas y transparentes”.
Del mismo modo el Gobierno, encabezado por el presidente Daniel Ortega, aseguró que la aprobación de esta ley —que tras ser aprobada en el Senado de EE.UU. necesitaría de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, para entrar en vigor— es evidencia de “las posturas retrogradas, injerencistas e irrespetuosas" de Washington hacia Nicaragua.
Frente a esta situación, Managua reiteró su compromiso con el pueblo nicaragüense para mejorar su calidad de vida e indicó que seguirá esforzándose al máximo para llevar a cabo proyectos y planes que mejoren la situación económica y financiera del país centroamericano.
El Gobierno nicaragüense ya había informado anteriormente de medidas recíprocas: Nicaragua anunció a finales de julio que procedería a cobrar a EE.UU. una millonaria indemnización por un juicio que ganó en 1986 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Más específicamente, se refiere a una sentencia de la CIJ en los años ochenta que condenó a Estados Unidos por perjuicios causados al país centroamericano por financiar en secreto a grupos alzados en armas contra el Gobierno de la Revolución Sandinista (1979-1990), daños que Managua valora en 17.000 millones de dólares.
Hispan TV.es
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