La ley del referéndum de autodeterminación aprobada por el Parlamento catalán establece que los resultados son vinculantes y en los dos días posteriores a la consulta se celebrará un pleno ordinario para efectuar una declaración formal de independencia, tras la cual se iniciará un proceso constituyente.
El pasado 1 de octubre tuvo lugar un referéndum de autodeterminación en Cataluña convocado de manera unilateral por el Gobierno catalán, una consulta que se celebró pese a que el Tribunal Constitucional de España la había declarado ilegal.
En esa votación participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorga el derecho de constituir una nueva república independiente.
El Gobierno central, en cambio, no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
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