Según datos del Departamento de Salud del Gobierno catalán, el dispositivo policial contra el referéndum del 1 de octubre —que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España— hizo que un total de 893 personas tuviesen que ser atendidas por los servicios de emergencias.
El comunicado de la OSCE recuerda a las autoridades españolas que todos los Estados participantes en esta organización tienen el compromiso de garantizar que sus organismos encargados de cumplir la ley trabajen siempre desde una óptica de respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de reunión y a la libre expresión.
"Esto también significa facilitar las asambleas pacíficas y confiar en la comunicación y las medidas de mediación para reducir las tensiones", concluye el escrito.
Sputnik
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