Que Puigdemont o parte de su Gobierno terminen en prisión "dependerá exclusivamente de ellos" por "si deciden cometer delitos que comporten prisión", asegura en una entrevista con Sputnik Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán.

"Estamos en un estado de Derecho, y si delinquen deberán asumir las consecuencias", añade.
En cuanto a la escalada de tensión, Fernández señala que lo que ocurra este fin de semana "dependerá del civismo que demuestren los independentistas, que siempre han asegurado ser pacíficos, pero que en las últimas semanas han mostrado actitudes preocupantes de violencia callejera e incivismo", asegura el diputado.
Según el presidente del Partido Popular (PP) de Cataluña, Xavier García Albiol, la solución para la situación de Cataluña es "el diálogo, pero en el marco de la ley".

"La solución será el diálogo entre Gobiernos, pero en el marco de la Ley y siempre y cuando se restablezca el Estado de Derecho en Cataluña", señaló Albiol en las declaraciones a Sputnik.

Albiol aseguró que el "Estado de Derecho fue derogado por el Gobierno catalán el 7 de septiembre cuando decidió suspender todas las leyes vigentes en Cataluña".

Según el responsable del PP, no hay demanda de la ciudadanía de votar "porque votaron 4 veces en los últimos dos años".
"En los últimos dos años los ciudadanos votaron ya 4 veces, elecciones municipales, dos Elecciones Generales y unas Autonómicas, así que no pueden decir que no votan", señaló.

Según el diputado, "como ocurre en Francia, Alemania o Italia, los referéndums de independencia son ilegales" por lo que "si desean que se celebre uno, deberán esperar a lograr la mayoría suficiente para modificar la Constitución, que es lo que las personas civilizadas hacemos", concluyó.

Además, señaló que, según los estudios demoscópicos, "el independentismo se sitúa en un apoyo del 38% de los catalanes, una cifra importante, pero que en ningún caso justifica la vía ilegal y unilateral que han decidido emprender".

El Punto
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Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para este domingo 1 de octubre.

El Tribunal Constitucional de España suspendió la vigencia de todos los documentos de votación aprobados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, por lo que toda la actividad relacionada con los preparativos del plebiscito resulta ilegal.

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