Apenas hay variaciones significativas en perspectiva temporal amplia, porque son realidades palpables. Sin embargo, la independencia (hipotética) de Cataluña solo preocupa al 1,2% de la población, pese al lugar destacado que ocupa en los medios.

A todo esto, según se intensifica el enfrentamiento Gobierno-Generalitat, el sentimiento secesionista disminuye (ver encuestas del CEO): solo el 41,1% quiere una Cataluña independiente, frente al 49,4 que no lo hace. Es la diferencia más amplia desde que empezó a formularse la pregunta, hace tres años. Claro que la clave del (hipotético) referéndum estaría en cuántos partidarios del no decidan votar.

A quien preocupa el problema catalán es a los responsables políticos; atañe a la formación de gobiernos, apoyos para presupuestos, leyes, etc. Temas transcendentales, pero no tanto como el desempleo, que también preocupa más a los catalanes que la independencia (ver CEO). ¿Se está haciendo lo posible para evitar el "choque de trenes"? No parece: el ambiente político se enrarece conforme se acerca el 1-O.

Medios de comunicación estatales crean un clima de alarma, tratan de asociar/identificar la secesión con la corrupción o con "purgas", por poner ejemplos recientes. Mientras, los medios independentistas denuncian el chantaje del Gobierno central, que anuncia una "fiscalización completa" de los gastos de la Generalitat a cuenta del FLA para evitar incurrir en gastos para referendos; se intensifican los registros para la trama del 3%...

El Gobierno central no opta por una máxima resistencia (aplicar el artículo 151); sabe que no le conviene. Aparentemente es como si no se quisiera negociar dialogando y modificando normas, que es como debe hacerse. Pero ya no son tan pocos creíbles como antes las "amenazas" del Gobierno central.

La Teoría de Juegos analiza situaciones estratégicas donde los implicados toman decisiones en función de sus expectativas sobre lo que hará el resto. Puesto que el tema catalán preocupa, fundamentalmente, a los políticos, cuyo interés racional (como suponen la práctica totalidad de politólogos) es permanecer en el cargo, los actores relevantes son dos: la Generalitat y el Gobierno Central, con dos escenarios: celebrar o no el referéndum.

Pueden vislumbrarse cuatro resultados posibles: un referéndum exitoso para la Generalitat (mayoría independentista suficiente); un referéndum fracasado para la Generalitat; no celebración, negociada entre las partes, del referéndum y no celebración, sin negociar entre las partes, del referéndum. No creo equivocarme si digo que la Generalitat, en su orden de preferencias, preferirá que no se celebre el referéndum a que se celebre y sea un fracaso.

Por supuesto, preferiría un referéndum exitoso, pero esto parece cada vez más complicado; saben que la independencia no será posible sin cambiar la Constitución, y carecen de apoyos internacionales. Además, conforme se acerca el 1-O, se intensifican los problemas en la Generalitat: ceses a nivel de gobierno y altos cargos; artículos censurando el secesionismo; concursos desiertos para comprar urnas, etc.

En cuanto a las preferencias del Gobierno central, la Generalitat ha errado en sus suposiciones. Las amenazas no son tan poco creíbles como suponían hasta hace poco algunos predictores que utilizaban la Teoría de Juegos. Las encuestas muestran, además, que una mayoría de españoles apoyaría la reforma constitucional del modelo territorial.

Sería una buena estrategia que antes del 1-O el Gobierno central planteara (formalmente) el inicio de negociaciones con esa otra mayoría catalana que estos meses se aleja del independentismo más los independentistas que estén dispuestos a moderarse ideológicamente, en beneficio de su futuro electoral, con un buen acuerdo para el corto/medio plazo. Excluyendo radicalismos cuya única estrategia sea la provocación. Sobre la mesa, atender demandas que llevan lustros (más corresponsabilidad fiscal, una definición de competencias clara,...).

La oposición parlamentaria tendría escasos argumentos para rechazar un planteamiento que viene defendiendo. En definitiva, el interés óptimo de los dos jugadores conduciría a un acuerdo (llámese, si se quiere, transitorio) donde conseguirían mejor resultado que si persisten en no colaborar e insistir en sus demandas maximalistas. Sería mejor que cualquier opción no negociada; un Juego del Ultimátum con clara ventaja de quien hace la propuesta, que incluiría un referéndum más adelante, que encaje con la reforma de la Constitución deseada por una (necesariamente) amplia mayoría parlamentaria.

eleconomista.es

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