La sobreexplotación minera y de otros recursos naturales (madera, aceite de palma...), promovida muchas veces por empresas apoyadas por la seguridad privada o las fuerzas estatales, dispararon el 2015 el asesinato de personas que se oponían a estos proyectos. Un total de 185 asesinatos en 16 países han sido documentados por la organización Global Witness, lo que supone un aumento del 59% respecto al 2014. Los países más afectados fueron Brasil (50 asesinatos), Filipinas (33) y Colombia (26) y Perú y Nicaragua (12).

Cada vez es más común que las comunidades locales que se oponen a los proyectos de sobreexplotación “se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”, señala con crudeza Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, que pide que los gobiernos que intervengan urgentemente para detener esta espiral de violencia. Muchos asesinatos ocurrieron en aldeas remotas o en el corazón de las selvas tropicales, con lo que es probable que el número de víctimas mortales sea mayor.

En el 2015 se observó un nivel de violencia sin precedentes en los estados amazónicos de Brasil, donde las haciendas ganaderas, las plantaciones agrícolas y las bandas de madereros ilegales están invadiendo las comunidades locales. La frontera agrícola se adentra en las reservas indígenas que estaban intactas. Se calcula que el 80% de la madera de Brasil es ilegal (el 25% de la madera ilegal de los mercados mundiales).

“Muchas autoridades o bien cierran los ojos o bien impiden activamente la investigación de estos asesinatos por la connivencia que existe entre intereses corporativos y estatales, los principales sospechosos de los asesinatos”, dice el informe en el que se denuncia una cultura de impunidad arraigada en algunos países.

En Brasil, se duplicaron los asesinatos acaecidos en el 2014. La mayor parte de ellos se produjeron en los estados de Maranhao, Pará y Rondônia, que sufren una oleada de violencia relacionada con las haciendas y plantaciones que invaden la tierra de comunidades locales a las que, en la práctica, no se reconoce sus derechos. “Las empresas agroindustriales, los madereros y los terrateniente contratan a sicarios para silenciar la oposición local a sus proyectos”, dice el informe.

La industria extractiva y minera fue el sector con más asesinatos a sus espaldas (42 casos en 10 países), y Colombia, Perú. En este último país, tachado de “mortífero”, el 80% de los 69 asesinatos perpetrados allí desde el 2020 están relacionados con la minería. El 28 de septiembre del 2015 los agricultores del altiplano de Apurimac hicieron una protesta contra la gran mina de cobre de Las Bambas (en manos de la compañía china MMG Limited) para denunciar los riesgos de contaminación. Cuatro manifestantes murieron asesinatos y 15 fueron heridos por disparos de al policía.

La demanda de tierra agrícola está ocasionando choques violentos entre grandes terratenientes y pueblos indígenas, particularmente, en Nicaragua, en donde el año pasado se asesinaron 12 líderes indígenas.

Estremecedores testimonios documentan las ejecuciones que ha sufrido el pueblo Lumad (Mindanao, Filipinas), a manos de grupos paramilitares, por oponerse a una invasión de sus tierras sin su consentimiento destinada a explotar carbón, níquel y oro.

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