Representantes de estos movimientos se encontraron con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Tras el fracaso de la audiencia, Barrios de Pie, CTEP y CCC convocarán a las organizaciones populares en una asamblea el próximo lunes "a fin de evaluar los pasos a seguir para profundizar el plan de lucha".
"De persistir la actitud del Gobierno en desconocer la ley y perseguir a las organizaciones sociales, se realizará una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de toda la Argentina", advirtieron.
Reclamos al Gobierno
Las organizaciones sociales lograron impulsar a finales de 2016 una Ley de Emergencia Social que finalmente fue sancionada por el Congreso, pero el Gobierno sólo ha destinado el 30% de la partida presupuestaria al cumplimiento de esta normativa.
La medida, reglamentada en marzo, contempla un presupuesto de hasta 25.000 millones de pesos (1.612 millones de dólares), con un añadido de 5.000 millones de pesos (322 millones de dólares) para el año 2019 en caso de haber agotado la partida anterior.
La ley de Emergencia Social está destinada asistir a 3,5 millones de personas que trabajan en la economía informal, con miras a garantizarles "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección provisional", según el texto de la norma.
Las movimientos sociales también impulsan una ley que decrete la emergencia alimentaria en todo el territorio.
El 30,3% de la población, equivalente a 12,5 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza, un problema que también padecen seis de cada diez niños del país, según las organizaciones.
Sputnik
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