Las grandes constructoras que operan en España advierten que paralizarán la construcción de varios tramos de las líneas de Alta Velocidad pendientes si el Ministerio de Fomento no reconoce sus demandas por los sobrecostes a los que están dando lugar las modificaciones de los proyectos ya licitados. Estas empresas tienen identificados al menos siete proyectos en los que el procedimiento de rescisión del contrato está sobre la mesa, según explican distintas fuentes del sector consultadas. La inversión conjunta de estos trabajos ascendería a500 millones de euros.

La preocupación entre las constructoras es generalizada. Estas compañías argumentan que no pueden continuar con las obras si Adif, el Administrador público de las infraestructuras ferroviarias, no da luz verde a las modificaciones «sobrevenidas» de algunos proyectos. Los problemas se concentran en dos de las construcciones estrella del actual Gobierno: las conexiones de Alta Velocidad con el País Vasco y Galicia. «Las obras no se pueden hacer si el contratista no admite las modificaciones. Los proyectos presentados a las licitaciones son imperfectos e implican cambios durante la fase de obras», señalan en una de las grandes compañías del sector. Los problemas con los constructores, reconocen en Fomento, vienen de meses atrás. Pero es ahora cuando se están forzando los límites entre ambas partes.

A lo largo de toda la legislatura, Adif -la empresa pública más endeudada del Estado con un pasivo de 20.000 millones de euros- ha tenido que reestructurar su deuda refinanciándola con emisiones de bonos. También ha cambiado de arriba a abajo el proyecto de alta velocidad para reducir sus costes millonarios en el despliegue pendiente y ha modificado la ley de concursos para primar los criterios económicos sobre los técnicos en las ofertas.La batalla entre Fomento y las grandes concesionarias ha comenzado con la paralización de algunas obras por falta de medios para llevarlas a cabo. Según fuentes empresariales, el freno de los trabajos afecta a la mitad de las actuaciones ferroviarias en las que trabajan estas compañías. «Las obras van al ralentí. No tenemos medios para llevarlas a cabo», reiteran en el sector. En Adif admiten que el calendario de inauguraciones no se ha podido cumplir pero niegan que el nuevo modelo de contratación haya sido el problema, y señalan que existen constructores que ante la imposibilidad de ver aprobados modificados buscan motivos para rescindir los contratos. «En la legislatura se han firmado 21.386 contratos de los que 16.411, la mitad de ellos con el nuevo modelo, ya están terminados. Sólo 27 han sido suspendidos», explican en Fomento. «Son casos puntuales y no hay que generar alarma. Las obras van para adelante», explica uno de los máximos responsables del departamento que dirige la ministra Ana Pastor. Esta misma fuente afirma que el Gobierno tiene las manos atadas porque la Ley impide aprobar modificaciones con un coste superior al 10% del total del proyecto. A la espera de que se reactive con fuerza el mercado inmobiliario, la obra pública se ha convertido en el único rescoldo de trabajo en la construcción para estas empresas. No obstante, la licitación pública en el sector se ha hundido desde los 44.205 millones a los 8.256 millones entre los años 2006 y 2015. El sector espera que el Gobierno apruebe de forma inminente un recorte adicional próximo a los 1.000 millones para este año dentro del ajuste que exige Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit público. «No va a suceder. No haremos modificados sin justificación suficiente. Presión tenemos, pero para no repetir los errores del pasado», explica una fuente de Fomento en referencia a los problemas judiciales derivados de los sobrecostes de 1.713 millones de euros registrados en el AVE Madrid-Barcelona.El órdago lanzado por las constructoras a Fomento forma parte del malestar general del sector por el papel asumido por Ana Pastor para convertir una cartera tradicionalmente gastadora en una cartera ahorradora y vigilada por el Ministerio de Hacienda. Se suma a otro de mayor calado, que es el del precio del rescate de una decena de autopistas de peaje que los constructores han cifrado en 8.000 millones de euros.Las posibilidades de acuerdo que ofrece la ley de contratación parecen escasas dadas las diferencias presupuestarias que mantienen las partes. Por el momento en el Ministerio de Fomento, aseguran que la paralización de los trabajos y la solicitud para rescindir los contratos es «puntual» y está ligada a «proyectos concretos». Algunos de ellos en la Y Vasca, el corredor mediterráneo o el Eje Atlántico.

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