Desde su anuncio en febrero pasado, el proyecto de reforma del mercado laboral francés ha dado lugar a posiciones encontradas. Ante la intensidad del debate y frente a la perspectiva de una extensión de los conflictos sociales, el gobierno ha modificado el texto en varias ocasiones. Esta es la situación actual en sus rasgos principales.

Primero, la empresa sustituye al sector como principal ámbito de la negociación colectiva. En el proyecto de reforma, los acuerdos de empresa que alcancen cierto nivel de representatividad son vinculantes, independientemente de lo que especifique un acuerdo sectorial.

Se trata de un cambio significativo y probablemente el punto más controvertido del proyecto. Antes de la reforma, los salarios y las condiciones de trabajo se determinaban principalmente en acuerdos colectivos entre patronal y sindicatos negociados en cada uno de los más de 200 sectores que componen la economía francesa. Una vez concluidos, los acuerdos sectoriales se extendían a todas las empresas del sector mediante un decreto ministerial. Ello explica que la cobertura de los convenios colectivos sea una de las más altas entre los países desarrollados, pese a que menos de uno de cada diez trabajadores estén afiliados a un sindicato –una de las tasas más bajas de los países desarrollados.

Segundo, el proyecto de reforma facilita el despido por causas económicas. En la actualidad, esta fórmula de despido –más barata para la empresa que el despido injustificado— sufre ciertas restricciones. El proyecto de reforma suaviza esas restricciones, por ejemplo introduciendo la posibilidad de recurrir al despido por causas económicas en situaciones de “reorganización de la empresa para salvaguardar la competitividad”. Además los tribunales laborales dispondrán de un baremo para determinar el nivel de indemnizaciones que el empleador tiene que pagar a los trabajadores despedidos. El baremo es indicativo, en contra del ante-proyecto de reforma que establecía topes.

Tercero, se flexibiliza la jornada laboral. Se podrá trabajar hasta 46 horas por semana e incluso más si hay acuerdo de empresa. Las horas extra se pagarán con un recargo del 10 por ciento, frente al 25 por ciento que se paga actualmente. Se facilita el trabajo a tiempo parcial reduciendo el umbral de horas. Este conjunto de medidas no ponen fin al principio de la jornada de 35 horas, pero sí lo alteran en la práctica.

Cuarto, la normativa introduce innovaciones importantes frente a la digitalización de la economía. Se crea un derecho a la desconexión digital. Y se introduce una “cuenta personal de actividad” que promueve la movilidad entre diferentes formas de empleo sin pérdida de protección social. Todo ello ayudaría a potenciar el impacto de las nuevas tecnologías y a extender la protección social a trabajadores autónomos, por cuenta propia y temporales.

Quinto, la reforma sigue discutiéndose entre los partidos políticos y sobre todo en la calle. El proyecto de ley fue aprobado el 10 de mayo por la Asamblea de diputados después de numerosas enmiendas y en la actualidad está en discusión en el Senado, dominado por los partidos de oposición, y que ya ha introducido una enmienda para introducir la posibilidad de derogar la jornada de 35 horas mediante acuerdo de empresa. El texto debe volver a la Asamblea para un último examen. El sector empresarial había expresado su satisfacción con el ante-proyecto y no ve de buen ojo las recientes modificaciones y extensiones de un texto que ya cuenta con 220 páginas. Algunos sindicatos estarían dispuestos a apoyar el proyecto en su versión actual, otros piden su rechazo y han convocado nuevas huelgas. El transporte, la recogida de basuras y las refinerías de petróleo están afectados por los paros que se realizan en apoyo a la reforma laboral.

Por último, ante la prolongación del conflicto y a menos de un año de las elecciones presidenciales, se han empezado a escuchar voces a favor de un acuerdo. Se cambiarían algunos de los puntos más controvertidos, sobre todo el que atañe a la negociación colectiva.

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