La situación se presenta en San José de Apartadó (norte), donde los paramilitares también vulneran los derechos de jóvenes de entre los 17 y 26 años, a quienes les ofrecen entre 600.000 y dos millones de pesos (entre 200 y 667 dólares) para que hagan parte de sus filas y trafiquen con armas y drogas.
A esta situación se suma que en las zonas donde existe mayor presencia de las AGC se ha verificado el aumento de casos de violencia sexual y de género, indicó la Defensoría.
"Encontré una comunidad con miedo, preocupada por la problemática de los derechos humanos", señaló en el comunicado el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Entre las organizaciones expuestas al riesgo se destacan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación Campesina de San José de Apartadó, los movimientos de izquierda Unión Patriótica y Marcha Patriótica, así como el Comité de y para los Derechos Humanos de esa localidad.
Asimismo, indicó la Defensoría, corren riesgo los acompañantes humanitarios internacionales de defensores de derechos humanos.
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