El PSOE vería "razonable" que se haga una quita de deuda de Cataluña, según ha asegurado este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La medida formaría "parte de una agenda superadora de la situación actual" de desafío independentista, según ha añadido. Ábalos se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión que ha mantenido la comisión permanente de la ejecutiva federal y tres días después de que las ejecutivas del PSOE y del PSC aprobaran la Declaración de Barcelona, un amplio abanico de propuestas para desbloquear la situación catalana y hacer frente al independentismo y el reto del referéndum del 1 de octubre.


"Hay una deuda importante que tiene Cataluña y que el Estado deberá contribuir a resolver, porque es una deuda que se va acumulando, y hay que plantear algún tipo de quita también para que no se colapse la institucionalidad en Cataluña y que pueda atender a los servicios que presta", ha argumentado el dirigente socialista, que también ha mencionado el caso del a Comunidad Valenciana, donde el Gobienro autonómico tiene una "deuda histórica" con el Gobierno central y donde, según ha dicho, también hay un problema financiero que la hace inviable. Los socialistas quieren que las quitas de deuda se planteen en la reforma del sistema de financiación autonómica.

La Declaración de Barcelona determinará la reunión que Pedro Sánchez mantendrá esta tarde con Pablo Iglesias, y en la que, según ha contado Ábalos, también se abordarán otros aspectos como el aumento salarial, el programa para parados de larga duración, o de renta mínima.

Ábalos ha asegurado que lo que quiere el PSOE es "lanzar un mensaje", no necesariamente a los partidos sino a la sociedad catalana y española, que sea un "mensaje de esperanza". Entre otras cosas porque se ha mostrado convencido de que en Cataluña "no son tantos los independentistas con esa vocación" sino que hay a quienes "no se les está dejando otra salida".

Pedro Sánchez ha decidido lanzar sus propuestas de reforma de manera inmediata sin esperar a después del 1 de octubre para comprobar si las fuerzas políticas independentistas han llevado adelante la convocatoria del referéndum que el gobierno, y también el PSOE y Podemos, considera ilegal.

El País

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