El Gobierno catalán presentó anteriormente la llamada ley del referéndum, dedicada a dar cobertura legal a la consulta planeada para el 1 de octubre.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo catalán es que el derecho de autodeterminación está recogido en la carta de las Naciones Unidas, lo que obliga al Estado español a interpretar su legislación para darle reconocimiento.
Según explica Castellà, ese argumento es "bastante flojo" ya que la ONU desarrolla el principio a la libre determinación de una manera concreta, sobre todo en la resolución 2526 (XXV), reconociendo solo la autodeterminación independentista de pueblos coloniales o asimilados.
"Por asimilados se entiende pueblos oprimidos como el caso paradigmático de Sudáfrica bajo el apartheid u ocupados como podría ser el caso de Palestina con Israel", relata el profesor.
Por tanto, el resto de pueblos que ya están constituidos en un Estado tienen derecho a una libre determinación articulada mediante formas de federalismo o autonomía política siempre y cuando no rompan la integridad territorial de ese Estado.
Esta forma de proceder, prosigue Castellà, admite una única excepción en la llamada "cláusula del gobierno democrático", según la cual se puede considerar que un pueblo es oprimido por el Estado si este no es representativo de toda su población.
"Esto se ha dado solo —y de manera indirecta— en Kosovo, donde además Serbia estaba masacrando a la población", apunta el jurista.
A su modo de ver, la situación de Cataluña sería más similar al caso de los indios del lago Lubicón en Canadá, que recurrieron a la ONU en 1984 para pedir poder ejercer el derecho a la autodeterminación.
"Ahí lo que dejó claro Naciones Unidas, que es algo que luego ha ido repitiendo, es que la secesión queda reservada como derecho humano para los pueblos oprimidos ocupados, no para los pueblos ya constituidos en Estado, que deben buscar formas para cambiar el sistema político por vías democráticas", resume.
El hecho de que la independencia de una región dentro de un Estado democrático no esté contemplada en el derecho internacional puede responder, concluye Castellà, a una negativa de los miembros de la comunidad internacional a regular en favor una vía que puede favorecer su futura desintegración.
Por todo ello, Castellà considera "muy difícil" que en la comunidad internacional actual se produzcan apoyos internacionales significativos a una eventual declaración de independencia unilateral por parte de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre.
Sputnik
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