Bruselas admite que no eximirá de visado a los turcos en julio como se pactó
Avramopoulos ha presentado un documento sobre el grado de cumplimiento de ese pacto y ha aprovechado para urgir a los Estados miembros –y en mucha menor medida a Turquía- a que hagan todo lo necesario para mantener a flote el acuerdo migratorio entre los dos territorios por el que Ankara se compromete a impedir que zarpen pateras a cambio de la exención de visados y 6.000 millones. El Ejecutivo comunitario ha evaluado el cumplimiento del acuerdo, que ha permitido prácticamente sellar la ruta del Egeo por la que el año pasado accedieron a la Unión Europea casi 900.000 extranjeros (la mayoría refugiados). La media diaria de entradas en el mes anterior al acuerdo, firmado el 18 de marzo, era de 1.740. Hoy acceden un promedio de 47 al día.
La Comisión confía en que la evaluación de este miércoles sirva de base para que los Estados miembros y el Parlamento Europeo –el más reacio a pasar posibles incumplimientos de Turquía- den vía libre a la desaparición de visados.
El informe no ahonda en el grado de cumplimiento de los requisitos que exige Europa para eximir de visado a los turcos que viajen a la UE. Se limita a citar los cinco que quedan pendientes y a constatar los progresos logrados. Durante la presentación, Avramopoulos ha eludido valorar la negativa que ya ha expresado Turquía a cambiar su ley antiterrorista, una de las condiciones exigidas para lograr el acuerdo de visados. Bruselas pide a Ankara que “reduzca el alcance de la definición de terrorismo introduciendo criterios de proporcionalidad”. Es decir, que la norma antiterrorista no pueda emplearse, por ejemplo, para perseguir informaciones o manifestaciones de periodistas o académicos, como ha ocurrido recientemente. Los expertos esbozan un encaje legal para salvar ese obstáculo.
Bruselas quiere dar señales de que todo el engranaje europeo está volcado en cumplir el pacto. Los Estados miembros han aportado ya los 2.000 millones correspondientes al periodo 2016-2017 del total de 6.000 millones comprometidos para financiar proyectos de atención a refugiados en suelo turco. De esa cantidad, a final de verano se habrán gastado ya 1.000 millones en contratos específicos, ha anunciado Avramopoulos. De momento solo hay contratos por 150 millones. Turquía se ha quejado en varias ocasiones de la lentitud respecto a estas transferencias, destinadas a aliviar la presión de los casi tres millones de refugiados que acoge su territorio.
Más que a las autoridades turcas, la Comisión insta a los países miembros a poner de su parte para lograr que el acuerdo siga adelante. A Grecia en particular le pide que tramite las demandas de asilo de quienes llegan al país “de acuerdo con las leyes europeas”. Es decir, que cree ya los nuevos comités de apelación de solicitudes de protección, que previsiblemente se ajustarán más al espíritu de lo pactado con Turquía: todos los migrantes y refugiados arribados a Grecia deben retornar al país vecino porque este garantizará su protección internacional. Hasta el momento no se ha devuelto a ningún sirio ni ningún otro demandante de asilo porque el sistema griego está amparando casi todos los recursos presentados para evitar el traslado a Turquía. Y de las apelaciones resueltas, 70 se han saldado a favor del refugiado y solo dos en contra.
Al resto de socios europeos les insta a acelerar el proceso de acogida de refugiados desde Turquía, clave para que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan acepte las devoluciones desde las islas griegas. Hasta el momento se han reasentado 511 personas, de un total de 54.000 comprometidas. El número es muy limitado, pero en todo caso supera el número de expulsiones –de personas sin derecho a asilo- realizadas hasta el momento: 462. El pacto con Turquía fijaba una equivalencia entre esas dos cifras, que hasta el momento se mantiene por las dificultades surgidas a la hora de retornar a los demandantes de asilo.
Lo que sigue sin funcionar a un ritmo aceptable es el reparto de asilados ya en territorio europeo y pendientes de viajar desde Grecia e Italia hacia el resto de Estados. De los 160.000 que los gobernantes acordaron distribuirse en el plazo de dos años (ya han transcurrido los primeros nueve meses), solo 2.280 han llegado a su destino. De ellos, España ha acogido a 124, según cifras de la Comisión Europea. Avramopoulos ha advertido de que seguirá presionando con estos números y amaga con citar a los países más rezagados por su nombre.