Según el artículo 131 de la Constitución ecuatoriana, el efecto inmediato de la censura es la destitución, pero en el caso de Pólit es inaplicable debido a que este presentó su renuncia a inicios de junio a través de su abogado, es decir, Pólit adelantó su dimisión y no existirá un efecto político directo, aunque la fiscalía sí lo investiga por su relación con el caso Odebrecht.
En ese sentido, Serrano explicó que "el acto político" que emite la asamblea es "la censura", por lo que "al existir la renuncia previa (de Pólit) no surte como consecuencia la destitución".
El abogado del exfuncionario, Jorge Acosta, ha indicado que su defendido no retornará al país mientras no existan las garantías necesarias, debido a que pesa una orden de prisión en su contra con fines investigativos.
Durante el enjuiciamiento, la defensa de Pólit se quejó de que el excontralor no contó con el tiempo suficiente para presentar sus pruebas de descargo ni con las condiciones adecuadas para asistir personalmente a sostener sus argumentos.
La intención de parlamento, en cambio, fue sentar "un precedente" en la lucha contra la corrupción, a pesar de la ausencia de Pólit en el juicio político.
De acuerdo con el informe del legislativo, la contraloría no realizó exámenes especiales en dos casos “particularmente relevantes en el caso Odebrecht”, como son las declaraciones juradas de bienes del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, detenido en abril por presunto lavado de activos, y de Carlos Villamarín, exfuncionario de la Secretaría del Agua procesado por el delito de asociación ilícita, “ambos relacionados con la red de corrupción de Odebrecht”.
Pólit ocupó el cargo de contralor desde 2007 hasta 2017, aunque sus funciones debían extenderse hasta el 2022.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la constructora brasileña habría entregado al menos 33 millones de dólares en sobornos a cambio de adjudicarse contratos con el Estado.
Sputnik
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