También expresó su inquietud por una decisión anterior, del día 27, por la que el TSJ anuló el nombramiento del vicefiscal Rafael González Arias, designó en su lugar a un sustituto temporal y traspasó algunas funciones que hasta entonces habían sido prerrogativa de la fiscalía al Defensor del Pueblo.
Colville calificó de preocupante esos intentos de despojar a la fiscal de sus atribuciones y responsabilidades consagradas en la Constitución venezolana y socavar la independencia de su oficina.
El portavoz del ACNUD también mencionó que hay cada vez más informes de que las fuerzas de seguridad asaltan edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas y detenciones sin una orden judicial, supuestamente con la intención de disuadir a la gente de participar en las manifestaciones e identificar a los partidarios de la oposición.
"Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a que respeten la Constitución y la primacía de la ley y exhortamos al Gobierno a que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de opinión y de expresión", cita al portavoz un comunicado del ACNUD.
Las protestas callejeras en Venezuela causaron entre abril y julio 80 muertos y unos 1.400 heridos.
El Gobierno responsabiliza de estas víctimas a la oposición diciendo que los radicales, aliados con bandas criminales, buscan provocar una imagen de ingobernabilidad y promover una intervención; por su parte, la oposición denuncia la existencia de grupos paramilitares al servicio del Gobierno que reprimen las movilizaciones junto a los cuerpos de seguridad para intimidar a los manifestantes y evitar protestas.
Sputnik
Etiquetas:
