La defensa de la Infanta pide su absolución y una sanción para Manos Limpias
Para el letrado Pau Molins, el sindicato -cuyo máximo responsable está siendo investigado por la supuesta extorsión a los abogados de la hermana del Rey para retirar la acusación a cambio de tres millones de euros- ha insistido en el “mantenimiento obsesivo” de la acusación por delito fiscal contra Doña Cristina pese a que, se quejó, la prueba practicada en el juicio ha desacreditado sus imputaciones “de forma evidente y constante”.
El abogado de la hermana del Rey también solicitó a la Sala que imponga a Manos Limpias la sanción económica prevista en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 180 a 6.000 euros, prevista para los casos en los que una acusación actúa en un procedimiento con “abuso de derecho”. Una sanción, recordó el letrado, que el Tribunal Supremo ya impuso al sindicato, en mayo del pasado año, por “trivializar” la capacidad de judicializar asuntos ajenos a los tribunales de justicia.
Molins mostró su “rotundo desacuerdo” con la acusación de Manos Limpias y recordó que, en diciembre de 2014, la Infanta ya consignó en la Audiencia Provincial de Palma 587.413 euros, la totalidad de la responsabilidad civil que le reclaman las acusaciones como partícipe a título lucrativo del dinero del Instituto Nóos que terminó en las cuentas de Aizoon, la sociedad que compartía el matrimonio al 50%.
Manos Limpias pide para la Infanta una pena de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que Hacienda atribuye a su marido, Iñaki Urdangarín, en los IRPF de 2007 y 2008 por defraudar 326.925 euros al tributar a través de Aizoon sus ingresos personales por asesorías a diversas empresas.
Las defensas de otros acusados -entre ellos el letrado del ex socio de Urdangarín, Diego Torres- también solicitaron al tribunal la condena en costas para Manos Limpias.