Todo lo que alguna vez tuvo un sitio en la casa de los Mesa Lucas y no se rompió durante el terremoto del pasado 16 de abril está en su patio. Debajo de las lonas que alguna ONG les regaló y usan como techo están las fotos enmarcadas de los chicos dando sus primeros pasos, un afiche de Jesús, el cuadro de la última cena, el reloj de pared, la refrigeradora, la cocina, la mesa de comedor que ahora que los chicos han vuelto a clases es también escritorio, un armario, una cómoda y los colchones que se colocan en el suelo cada noche. Junto a esta casa-patio están los restos de la vivienda de dos plantas que un día fue el hogar de esta familia de Las Gilces, la playa del municipio de Portoviejo. María Mesa, que solía vivir en el primer piso de la casa, mira trabajar a las cuadrillas de demolición y llora porque ve reducirse a escombros el trabajo de 30 años de sus padres. “Mis padres se comprometieron y empezaron a construir esta casa de poco en poco. Mis hermanos y yo nacimos aquí”, dice.

La decisión de demoler no fue fácil, pero tampoco fue bueno vivir entre escombros estos dos meses. Además la familia quiso aprovechar la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene en marcha en esa localidad un programa piloto para remover escombros y de paso dar empleo a personas de la comunidad. El programa Cash for Work (Efectivo por trabajo) ofrece 10 dólares por cuatro horas de trabajo al día y en poco más de un mes ha capacitado a 130 personas. En una primera fase participaron 30 personas, la mayoría hombres, y derribaron manualmente una veintena de casas en Las Gilces. Y ahora acaba de arrancar una segunda fase con 100 personas, ahora más mujeres que hombres, que trabajarán durante un mes y aspiran a demoler un centenar de casas.

Tras el terremoto, la vivienda es el primer problema y le sigue el desempleo y la destrucción de 21.823 puestos formales e informales

Cuando el Gobierno está a punto de ampliar la emergencia de 60 días decretada tras el terremoto, la remoción de escombros todavía es una tarea pendiente en el litoral ecuatoriano. Muchos damnificados se niegan a tomar la decisión de demoler sus casas hasta que el Gobierno les garantice fondos para la reconstrucción, todo esto a pesar de que están en riesgo porque sus viviendas han sido calificadas como “inseguras” y tienen un letrero rojo que advierte de los peligros en el caso de una nueva réplica. Olinda Vera, una persona de la tercera edad que vive en El Matal, una comunidad pequeña del cantón Jama, sabe el peligro que corre, pero no quiere dejar su casa porque tiene una tienda de víveres que le da el sustento a ella y su esposo. Ella y otros vecinos en igual situación han instalado un campamento en el ingreso de El Matal que se llama “Los Olvidados”.

El Ministerio de Obras Públicas, que pone la maquinaria, y los municipios, que dan la autorización de demolición, están atados de pies y manos porque requieren de la autorización expresa del dueño del inmueble por temas legales. Otro ejemplo que frena la demolición son los grandes edificios de departamentos que tienen varios dueños y no se ponen de acuerdo. Manabí, donde está el grueso de la destrucción, hasta ahora ha movilizado cuatro millones de dólares en la remoción de escombros y otras acciones en esta fase de recuperación. La vivienda es el primer problema y le sigue el desempleo y la destrucción de 21.823 puestos formales e informales tras el terremoto. En contraparte, la limpieza de escombros hasta ahora ha generado 1.264 plazas de trabajo.

Las soluciones laborales que han llegado de fuera son temporales. El Cash for Work del PNUD puede ampliarse, pero si consigue más fondos. La ayuda humanitaria también tiene fecha de caducidad. La llamada de emergencia que hizo la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) está a un mes de concluir y todavía faltan fondos y tiempo para la recuperación inicial. El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla, cree que acabado el plazo no se superarán los 16 o 17 millones de dólares de los 73 que pidieron. “Va a haber necesidades humanitarias que van a perdurar más de tres meses, sobre todo en las zonas rurales que están siendo poco atendidas. Esperamos que haya fondos de la reconstrucción del Estado que todavía se enfoquen en actividades de recuperación”, dice.

Hay pocas iniciativas para construir viviendas con vocación de permanencia. La ONG Techo es una de las únicas que está construyendo casas que pueden durar entre ocho y 10 años. Son de madera y se hacen con los fondos de donaciones. Pero toda ayuda se desdibuja en el litoral ecuatoriano, donde faltan 7.000 viviendas y los espacios vacíos han sido ocupados por carpas y lonas donadas por Shelter Box, Hábitat para la Humanidad, Samaritan’s Purse International Relief, Acnur, Médicos sin Fronteras y tiendas de campaña azules que entregó el Gobierno chino. A dos meses del terremoto, ya son parte del paisaje.

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