Las tres formaciones acusan la alcadesa de prevaricación, tráfico de influencias y el uso de información privilegiada para favorecer la empresa de su marido, dedicada a la señalización y cartelería, quien facturó trabajos para el consistorio.
Las amenazas de denúncia hace tiempo que se acarrean por el Ayuntamiento y ha crispado las relaciones entre CDC y ERC en este mandato.
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